Territorio negro: La policía patriótica contra la independencia de Cataluña
Haberla, la había. Un grupo de comisarios de policía, coordinados por el Director Adjunto Operativo, el comisario Eugenio Pino, puso en marcha una serie de investigaciones por corrupción contra los líderes catalanes que iban a ser los padres de la patria. Aquello fue bautizado luego como policía patriótica. Una comisión de investigación del Congreso de los Diputados trata de averiguar quiénes les dieron las órdenes y hasta dónde llegaron. En el territorio negro de hoy, Luis Rendueles y Manu Marlasca, nos explican cómo han sido esos cinco años de esa policía patriótica.
Todo empieza en el otoño de 2012. El 20 de septiembre, Artur Mas se reúne con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Aquello termina muy mal. Y Mas anuncia que su partido va a defender abiertamente, y por primera vez, la independencia de Catalunya, la ruptura con el resto de España, en las elecciones de noviembre de ese año.
Varios comisarios de policía son convocados a una reunión en la que participan también el director general de la policia, el diputado del PP Ignacio Cosidó, el director adjunto operativo, comisario Eugenio Pino, y un representante del Centro Nacional de Inteligencia. Las personas con las que hemos hablado definen la reunión como una tormenta de ideas que empezó con una pregunta: ¿qué hacemos? Después de algunas ocurrencias que hablaban de tanques y TV3, triunfó una tesis defendida por varios comisarios de policía: Artur Mas y su partido, Convergencia Democrática de Catalunya, tenían mucho bajo las alfombras. Había que removerlas y buscar a fondo posibles casos de corrupción.
El resumen de esa reunión fue que los comisarios tenían vía libre para retomar viejos asuntos de corrupción en Catalunya (Pascual Maragall había hablado en el Parlament del 3% de comisiones como problema del partido del señor Pujol). Nos lo contaron así: “No hay que entrar con tanques, sino con órdenes de jueces para detener a gente y meterlos en furgones”. Desde esa fecha hubo un reparto no escrito: la policía buscaría corrupción en Convergencia y aledaños y el CNI, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, trataría de que ningún gobernante de un país relevante defendiera en publico la independencia de Catalunya.
Y llegan las primeras informaciones confidenciales de esa policía patriótica que habeis dibujado en la revista Interviú.
Algunas son muy certeras. Hablan de una reunión celebrada en una bodega de la familia Sumarroca, fundadores con Pujol y otros de Convergencia, celebrada en noviembre de 2011 para, se escribe entonces, “ir preparando la supuesta estructura del nuevo estado europeo que sería Catalunya”. Esa nota incluye quejas de algunos empresarios catalanes, ya no les piden el 3 por ciento de comisión a cambio de obras públicas, les piden más porque una parte va a ser para la independencia.
Los agentes viajan a Catalunya con documentacion falsa. Se hacen pasar por periodistas o empresarios. Pueden gastar unos diez o doce mil euros cada mes buscando confidentes, datos… Y así se logra, a finales de ese mismo 2012, que una antigua amante de Jordi Pujol Junior, el mayor de los siete hijos, acuda a declarar primero a la policía y luego a la Audiencia Nacional. Va a relatar lo que vio en sus viajes a Andorra, las bolsas con billetes de 500 euros y abre un sumario en el que hoy están acusados los padres y los siete hijos de la familia Pujol Ferrusola.
Pero junto a esas investigaciones, surgen ya muy pronto algunos dossieres fantasmas sin fundamento, todo se mezcla.
Antes de las elecciones catalanas de noviembre de 2012, las encuestas dan hasta 72 diputados a Artur Mas y Convergencia, la mayoría absoluta. Poco antes de las votaciones, se publica un dossier que habla de una cuenta suiza de Artur Mas. Aquello cae como una bomba. Convergencia, que no puede responder con credibilidad a las acusaciones de corrupción (el padre de Artur Mas sí tuvo durante años una cuenta secreta en Liechtenstein y pagó la multa a Hacienda), saca solo 50 diputados. Es importante decir que estas acciones de juego subterráneo, no diremos guerra sucia porque aquí no hay sangre, se dieron en las dos partes. Lo que ocurre es que nosotros hemos sabido más de la parte del gobierno español. Ojalá otro día podamos hacerla de las maniobras, gastos y dossieres del gobierno catalán.
Estamos en 2013 y son los días de aquella famosa frase de Jordi Pujol padre, ¿qué coño es eso de la UDEF?, la unidad de delincuencia económica que le investigaba.
Pujol no daba crédito y no sabía tampoco por dónde le llegaban los golpes. Los comisarios de inteligencia acudieron también a Javier de la Rosa, un empresario que fue muy amigo del Honorable y luego terminó muy mal con él. De la Rosa hizo grandes negocios con uno de los hijos, Oleguer, y amagó con tirar de la manta y explicar como él mismo llevaba dinero a Pujol padre en persona.
La presión fue subiendo. Y en ese marco, uno de los comisarios que participa en las investigaciones recibe un mensaje de un abogado madrileño. Un hijo de Pujol quiere verle. Celebran dos reuniones, una en el despacho de ese abogado, en el barrio de Salamanca, y otra en un hotel madrileño. Al comisario Villarejo se le traslada que diez empresarios catalanes ponen un millón de euros cada uno si, quien corresponda, deja de investigar a la familia Pujol.
La respuesta, ya hemos visto, fue no. Y también se habló en esa reunión de otros asuntos más personales.
Así fue. Un hijo de Jordi Pujol había estado en una fiesta que nos han definido como “intensa” en una casa madrileña, en 2012. Allí había muerto un hombre de un infarto. Se había hecho un atestado, claro, y se había tomado declaración a los presentes y las presentes. Al comisario se le traslada que el hijo de Pujol está casado y no quiere salir en los papeles. La respuesta fue que se vería qué se podía hacer y se trató de captar como confidente a ese mismo hijo de Pujol.
A cambio de enterrar ese atestado, me imagino.
El comisario Villarejo ofreció a Josep Pujol que le pagara el favor contándole cosas de “los otros”, en alusión a posibles tramas corruptas de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de Oriol Junqueras, que hasta ahora no se ha visto salpicado en ninguna trama importante y ha ido creciendo en fuerza mientras Convergencia ha tenido que cambiar hasta el nombre.
El hijo de Pujol no quiso ser confidente de la policía española, pero en verano de 2014, otra operación de inteligencia logra el mayor éxito de esa policía patriótica.
Un comisario viaja a Andorra, visita a un directivo del BPA (Banco Privado de Andorra) y le explica la situación. Los andorranos han comprado un banco con licencia para mover dinero en España (Banco Madrid). Si no colaboran en la investigación contra los Pujol, el gobierno español quitará la licencia de ese banco por posibles casos de blanqueo de dinero, y perderán todos los depósitos de sus clientes en España (más de 5.000 millones aproximadamente). El directivo del banco entiende el mensaje y deja que un comisario haga un pantallazo de los siete miembros de la familia Pujol que tienen hasta 12 cuentas corrientes ocultas en Andorra.
El diario El Mundo publica la exclusiva. Unos días después, Jordi Pujol padre sale a la luz y confiesa que escondió el dinero. Asegura que se trata de una herencia del abuelo Florenci, aunque su hermana y su cuñado le desmienten. La Audiencia Nacional investiga aún ese dinero y tiene imputados al matrimonio Pujol Ferrusola y sus siete hijos. Por cierto, unos meses después, en marzo de 2015, el departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo público que el Banco Privado de Andorra era sospechoso de blanqueo de capitales y el Banco de España intervino Banco Madrid.
Fue todo un terremoto en Catalunya. El mayor éxito de esa policía, que destapa y logra investigar la corrupción de Convergencia y Pujol tantos años después. Pero todo empieza a torcerse ese mismo año, 2014.
Hemos comentado que había un reparto de papeles no escrito. Los comisarios se encargaban de operaciones interiores y el CNI de los gobiernos extranjeros. Evitar por ejemplo que nadie importante recibiera a Artur Mas en Estados Unidos o el Reino Unido. Ese reparto de papeles nunca dejó conforme al CNI. Y de fondo estaban las tensiones en el gobierno del PP. Fernández Díaz, el ministro de Interior, hombre de máxima confianza de Rajoy y sin ambiciones políticas; Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer a la que da cuentas el CNI y posible sucesora. Esa lucha interna se reproduce en los policías patrióticos. El comisario Villarejo acusa a otro comisario, Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, de dar información al CNI. Y empieza una guerra a muerte, todos contra todos.
Como todo eran éxitos, se consienten esas rivalidades, pero todo empieza a descontrolarse.
El comisario Martín Blas investiga una trama de corrupción de mafia china, el conocido Gao Ping. Incluye en las pesquisas a varios comisarios de policía supuestamente corruptos y hasta al hijo del comisario Villarejo, que no es agente. Todos quedan finalmente libres de culpa y absueltos, pero la guerra ya es abierta y ambos llegan a intentar agredirse físicamente en presencia del director adjunto de la policía, Eugenio Pino.
Y esa guerra alcanza a un episodio aparentemente menor, protagonizado por el Pequeño Nicolás.
Eso es. En octubre de 2014, el portal Infolibre difunde una conversación bastante comprometedora del comisario Martín Blas en la que está dando parte a dos agentes del CNI del caso del Pequeño Nicolás, ese timador que picoteaba, con bastante éxito por cierto, en las cañerías del PP. Es un acto insólito. Pero es que unos días después, el comisario Martín Blas emite un informe a sus jefes. La grabación ha sido entregada en un parque de Madrid por el comisario Villarejo al pequeño Nicolás.
El problema es que no era el comisario Villarejo el de la foto, sino un modesto jubilado que sacaba a pasear al perro. Martín Blas fue cesado como jefe de Asuntos Internos de la policía, pero el juez del caso Nicolás se lo lleva como jefe de su investigación y acusa, entre otros, al comisario Villarejo.
Y ese comisario, Villarejo, es apartado de la policía patriótica. Antes, tienen lugar dos episodios cuando menos curiosos.
Sí. Unas investigaciones apuntan a que el que fuera primer ministro de Letonia y ahora es nada menos que vicepresidente de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, pudo haber recibido seis millones de euros a cambio de apoyar públicamente la independencia de Catalunya, lo que hizo en septiembre de 2013. Dombrovskis había perdido su puesto tras otra investigación por corrupción en su país. Tras publicar este informe en Interviú, la Oficina Anticorrupción de Letonia abrió una investigación que concluyó a primeros de este año declarando inocente a su ex jefe de gobierno.
Y el segundo habla de un personaje inesperado en esta historia, la princesa Corinna, la amiga entrañable del rey Juan Carlos.
La princesa Corinna, tras salir de España, vive entre Londres y Mónaco. En una cena con amigos españoles, comenta que está cansada de recibir presiones y que incluso la han amenazado. Le dicen que devuelva el dinero que ganó mientras estuvo en España o que no pueden garantizar la seguridad de sus hijos. Según ella, son presiones del CNI. Alguien le recomienda reunirse con un abogado madrileño, que es en realidad el comisario Villarejo. Es una relación que, evidentemente, molesta mucho al servicio secreto español. Corinna es una pieza suelta, una célula durmiente casi. La mujer se niega a devolver un euro y sigue con su vida.
Hemos visto que la policía patriótica se rompe. El comisario Villarejo sale de esa brigada, que sigue funcionando.
Y se producen episodios cada vez más surrealistas. Los comisarios reciben la confidencia de que Artur Mas tiene una hija
veinteañera y que la madre es una mujer extremeña, algo poco elegante para un nacionalista catalán. La chica estudia en una universidad de Madrid y la Generalitat le podría estar pagando los gastos. Es una patraña, claro, pero se investiga, incluso algunas fuentes nos han contado que se investigó durante meses.
Y esa policía patriótica, ya en el año 2016, sigue trabajando, pero esta vez contra Podemos.
Exacto. El 12 de enero de 2016, un día antes de que se constituyan las Cortes Generales, se difunde un informe policial llamado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que apunta a la financiación de Podemos por parte del régimen de Irán. Lo ha elaborado parte de aquella policía patriótica que sigue bajo el mando del comisario Pino. El caso queda archivado. Varios comisarios nos explicaban que allí no había ningún delito.
Las inyecciones antiPodemos siguieron. Dos meses antes de que se repitieran las elecciones generales porque nadie logró formar gobierno, en abril de 2016, varios medios de comunicación difunden un documento reservado escrito supuestamente por un militar venezolano en el que se compromete un pago de cuatro millones de dólares a fundaciones que dirigían los que luego serían líderes de Podemos. El documento iba firmado por el mismísimo Hugo Chávez.
Y aquel documento era falso.
Sí. Tres comisarios distintos rechazaron el papel, que llegaba de manos de un abogado habitual defensor de narcotraficantes detenidos en España. No lo vieron creíble. Finalmente, la policía patriótica lo acogió en su seno y le dio vuelo. No sabemos si Podemos está financiado por Venezuela, pero ese documento no era verdad. Eso sí, cumplió su misión preelectoral antes de que todos fuéramos a votar.
También antes de las últimas elecciones generales, el diario Público difunde las grabaciones realizadas en octubre de 2014 entre el ministro Fernández Díaz y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso.
Estalla entonces la policía patriótica. El ministro entierra su futuro político y el jefe Antifraude es cesado. Con ellos dos arrancó la semana pasada la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, que seguirá durante el mes de mayo.