Empecemos recordando ese reportaje del New York Times que volvió a poner sobre el tapete el problema de la prostitución y la trata de blancas en nuestro país.
El reportaje se centraba en La Jonquera, un lugar en la frontera con Francia que, efectivamente, se ha convertido en destino de turismo sexual, para españoles y para extranjeros. Pero, además, se aportaban datos alarmantes. Las autoridades españolas reconocían al diario estadounidense que en nuestro país hay entre 200.000 y 400.000 mujeres que ejercen la prostitución y que el 90 por ciento de ellas son víctimas de las redes de tráfico de mujeres, de redes mafiosas.
Y ese reportaje atribuye esta situación a diversos factores. En primer lugar, a que hasta el año 2010 no había en el Código Penal nada que castigase específicamente el tráfico de personas con fines sexuales. Todos los artículos del Código Penal que abordaban esto equiparaban a los traficantes de mujeres con los que favorecen la inmigración ilegal. También se hacía mención en el reportaje de la presencia en España de poderosas mafias procedentes de Europa del Este, pero, además, el New York Times también hablaba de cambios en los hábitos de consumo…
Un informe de Naciones Unidas de 2009 citado por el Times decía que el 39 por ciento de los españoles admitían haber pagado por sexo al menos una vez en su vida y que la mayoría de ellos eran personas de más de 30 años. Pero en los últimos tiempos, parece que los más jóvenes han incorporado las visitas a los burdeles a sus planes de fin de semana y aquí es donde se citaba a La Jonquera, sus prostitutas callejeras y sus casas de alterne.
Porque en esa localidad de Girona hay burdeles a los que acuden jóvenes, claro. El reportaje del New York Times hablaba del Club Paraíso, un macro-lupanar de 101 habitaciones, al que llegan chavales de diversas partes de España y de Europa, según comprobaron los reporteros norteamericanos.
El Paraíso es hoy uno de los clubes de alterne más grandes de Cataluña, pero hasta hace unos años, aquí cerca de Barcelona, en Castelldefels, había dos burdeles que competían con él.
El Saratoga y el Riviera cerraron en 2009, después de una gran redada de los Mossos d’Esquadra, que no solo sirvió para acabar con esos negocios, sino que puso en evidencia el poder de los mafiosos que se dedican a la prostitución y hasta qué punto son capaces de corromper, precisamente, a quienes tienen el deber de perseguirlos.
Ya hablamos aquí hace tiempo de la operación Carioca, centrada en varios burdeles de la provincia de Lugo, en la que fueron imputados guardias civiles, policías y hasta funcionarios de la delegación del Gobierno… A esos clubes gallegos iban todos ellos a tener sexo gratis, abusando de su autoridad. A cambio, hacían favores a los dueños de los clubes… La trama del Riviera y el Saratoga, que va a ser juzgada próximamente, afecta solo a agentes del cuerpo nacional de policía, pero pone al descubierto de manera absolutamente explícita los siniestros acuerdos entre proxenetas y policías.
Estos clubes permanecen cerrados y no creemos que se abran nunca más, al menos con esos nombres. El proceso ha entrado en su última fase, la de la calificación, antes del juicio. Se van a sentar en el banquillo veinte personas, entre las que hay seis policías nacionales, siete proxenetas (dueños de los clubes, encargados y empleados), abogados… Para los policías, el fiscal ha pedido penas durísimas, hasta de 44 años de prisión, por delitos como extorsión, cohecho, asociación ilícita, favorecimiento de la prostitución…
Los dos clubes en los que se centra la trama, Riviera y Saratoga, eran dos grandes locales, situados en Castelldefels. Abrieron en 2002 y pronto comenzaron a tener mucho éxito. Para hacernos una idea de sus dimensiones, vamos a contar lo que encontraron los Mossos d’Esquadra cuando entraron allí, el 7 de marzo de 2009: había 110 clientes y 205 mujeres ejerciendo la prostitución. La mitad de ellas eran rumanas, aunque había chicas de, atención, hasta de quince países distintos, desde Moldavia a Nigeria, pasando por Argentina…
El fiscal deja bien claro en su escrito de acusación que eran explotadas sexualmente, aunque, tras el cierre de los clubes, algunas de ellas se han quejado de que la operación policial las dejó sin trabajo, pero lo cierto es que, según las investigaciones, las condiciones en las que ejercían la prostitución eran terribles.
Contamos un poco, para que los que acuden a ese tipo de locales sepan dónde se meten y cómo trabajan las mujeres que hay allí. El fiscal es muy duro en este punto. Dice que las mujeres que trabajaban en el Riviera y el Saratoga estaban, en su mayoría, en situación irregular, sin arraigo social ni familiar, algunas de ellas eran menores de edad y, por tanto, y leemos textualmente “estaban privadas de ejercer los derechos que le son inherentes a la dignidad humana”. Y el fiscal va más allá: “las mujeres se encontraban carentes de cualquier protección jurídica frente a los abusos laborales y sociales, dando lugar a que la prostitución no la ejercían libremente, ya que no podían elegir el dónde, el cómo, el cuándo y con quién, pues debían hacerlo bajo unas condiciones previas”.
Las mujeres trabajaban de cinco de la tarde a cuatro de la madrugada, pagaban los preservativos y los artículos de higiene que gastasen y sus ingresos se anotaban minuciosamente en un libro de registro que llevaban las mamis, las mujeres encargadas de los locales, que también ponían sanciones cuando alguna de las chicas no cumplía… En esos libros incluso se anotaban los ciclos menstruales de las mujeres o la medicación que debían tomar. La mayoría vivían en los clubes, donde había hasta zulos en los que se ocultaba a las mujeres menores de edad o que estuviesen en situación irregular en el caso de que hubiese una redada.
En estos locales hubo varias redadas y de hecho sirvieron, según el fiscal, para que los policías convenciesen a los proxenetas de lo bien que les iba a ir si cerraban tratos con ellos. Uno de los policías procesados, Andrés Otero, jefe de un grupo de la UCRIF –la unidad destinada a luchar contar la inmigración ilegal y el tráfico de personas–, se puso en contacto con los responsables del Saratoga al poco de que éste abriese sus puertas. Según el fiscal, el jefe de la policía les pidió dinero a cambio de tenerles puntualmente informados de las redadas…
Los proxenetas no accedieron, y casi de inmediato, en julio de 2002 hubo en el Saratoga una espectacular redada en la que fueron detenidas 22 chicas en situación irregular. Recordarás aquella operación porque se encontraron cámaras ocultas que servían para grabar –y presumiblemente chantajear– a los clientes. A partir de ahí, policía y proxenetas llegaron a un acuerdo económico, aunque todo se torció cuando ese jefe de grupo tuvo un accidente y se tuvo que jubilar. Quisieron entrar otros en el negocio…
Todo un comisario, Luis Gómez, jefe del anterior policía supuestamente corrupto, también quiso sacar tajada y para digamos despejar dudas ordenó una redada en el verano del 2003 en el Saratoga, en la que se detuvo a diecinueve personas… A partir de ahí, se institucionalizó un acuerdo que es la esencia de todo este proceso: información y protección a cambio de dinero.
Mientras los dueños del Saratoga pagaban, evidentemente, todas las redadas se dirigían hacia el local de la competencia, el Riviera. En los años 2002 y 2003, las actuaciones policiales y de la inspección de trabajo machacaron a los propietarios del club, que tuvieron que pagar una sanción de 360.000 euros por tener trabajando a chicas sin papeles. Así que los dueños del Riviera tendieron puentes hacia el comisario Gómez y llegaron a un acuerdo con él. De hecho, desde ese momento, el comisario se desvinculó del Saratoga y se centró en el Riviera, dejando el otro club a cargo de otros policías.
Los policías están acusados de cobrar, directamente, de los propietarios de los clubes de alterne. Recibían de manera regular sobres que iban desde los 3.000 a los 6.000 euros, según consta en el sumario. Pero es que, además, había pagos en especie. El fiscal refleja unos cuantos. Por ejemplo, José Carlos Hazas, el dueño de Saratoga, pagó los 6.000 euros que costó la operación de aumento de pecho de la hija del inspector jefe Andrés Otero. El mismo policía y su mujer recibieron dos relojes –Hublot y Cartier– valorados en más de 3.000 euros cada uno; los proxenetas costearon un viaje a Bilbao del comisario y un policía, también les mandaban cestas de navidad….
Les pagaban hasta la silicona para la hija de uno de los policías corruptos, incluso el dueño del Riviera, A.H.L, tuvo –siempre según el escrito del fiscal– a los dos hijos del comisario Gómez en la nómina de sus empresas durante los años 2006 y 2007. El proxeneta les pagaba un salario y, además, sufragó los gastos del tratamiento médico de uno de los hijos del comisario en el extranjero.
Sorprende que no sea el comisario el policía con la petición de penas más alta, sino que sea un inspector. Para el comisario Gómez, el fiscal pide 17 años de prisión, mientras que para el inspector José Javier Martín Pujal, la pena solicitada llega a los 44 años. La historia de este inspector es la de un viaje desde el bien al mal, desde el lado bueno al oscuro de la fuerza… Y es la historia del poder del dinero y su capacidad para corromper.
El inspector Martín Pujal no siempre estuvo en el lado de los malos. En noviembre de 2005, Martín Pujal se puso al frente de uno de los grupos de la UCRIF, la unidad que lucha entre otras cosas contra el tráfico de mujeres. Entonces era absolutamente ajeno a lo que ocurría en la Brigada de Documentación, no sabía nada de los tratos de sus jefes y compañeros con los proxenetas y comenzó a investigar con entusiasmo a las redes de prostitución e, inevitablemente, actuó contra los clubes Riviera y Saratoga.
En diciembre de 2005, el inspector dirigió una redada en el Riviera que acabó con 15 mujeres detenidas y el descubrimiento de que había una rumana menor de edad trabajando en el club. Todo un bingo, por así decirlo. De hecho, el inspector se quiso llevar detenidos al encargado, al director, a los propietarios… Pero su jefe, Abundio Navas, le ordenó que detuviera solo al director de la sala, le tomase declaración y le pusiese en libertad. Y algo más importante: le prohibió que volviese a actuar en el Riviera.
Lo que hizo el policía fue no hacer caso a su superior y a la semana siguiente repetir la redada, esta vez en el local de enfrente, en el Saratoga. Pero en esa ocasión, no encontró ni una sola menor de edad, ni siquiera una mujer en situación irregular. El encargado del club estaba avisado y una flota de taxis, ayudada por coches de policía, sacó del establecimiento a todas las mujeres sin la documentación en regla
Imaginen la escena: taxistas y policías sacando del burdel a todas las prostitutas ante la inminencia de una redada… Increíble. Lo que hizo entonces el inspector, fue intentan averiguar qué compañeros estaban cobrando de los proxenetas. Y, mientras, los dueños de los prostíbulos se reunieron y acordaron que había que decirle al comisario –que ya estaba a sueldo– que parase los pies del que parecía un incorruptible inspector. No sabemos lo que le dijeron, pero lo cierto es que desde ese momento aquel combativo policía no volvió a actuar ni en el Riviera ni en el Saratoga.
Y pasó al lado oscuro, cambiándose hasta de nombre. Así el inspector Martín Pujal se convirtió en Jordi y durante los años 2006 y 2007 se asoció con tres abogados que también se sentarán en el banquillo. Aprendió de sus jefes y los letrados iban a otros prostíbulos –ya nunca al Riviera o al Saratoga– exigiendo dinero a los propietarios, amedrentándoles con inspecciones o redadas policiales. Y mientras, el inspector Martín, ya convertido en Jordi, ordenaba redadas y obligaba a los responsables de los locales a que contratasen a los abogados que estaban asociados con él y que pedían a los proxenetas cantidades que a veces llegaban hasta los 120.000 euros.
Pero en el verano de 2007, Martín Pujal dio un paso definitivo hacia el mal. Se reunió con los dueños del Saratoga y les dijo que él iba a ponerse al frente de la oscura trama que había en la Brigada de Extranjería, que quería quitar de en medio a sus compañeros, “que cobraban mucho y hacían poco”, les dijo textualmente a los proxenetas, que llegaron a un acuerdo con Jordi: le pagarían 3.000 euros mensuales a cambio de impunidad para ellos y sus prostíbulos.
Pero la jugada le salió mal al inspector jefe. Los proxenetas grabaron las conversaciones que tuvieron con el policía y las entregaron en la fiscalía, que puso el caso en manos de la Guardia Civil. Agentes de este cuerpo cubrieron la cita en la que los dueños del Saratoga iban a hacer al inspector el primer pago: 3.000 euros en un sobre. Nada más recibirlo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron al inspector Martín, que intentó deshacerse del sobre.
Lo que pretendían los dueños del Saratoga era tener que pagar a otro policía más, por eso denunciaron. De hecho, solo denunciaron al inspector Martín y no dijeron nada del resto de los agentes, que siguieron con su beneficiosa asociación hasta casi dos años después, en marzo de 2009, cuando los Mossos d’Esquadra cerraron para siempre el Riviera y el Saratoga.
