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TERRITORIO NEGRO

Territorio Negro: Mallorca Confidencial y los móviles de los periodistas

La semana pasada un juez de Palma de Mallorca, el magistrado Miquel Florit, ordenó a la policía nacional requisar los teléfonos móviles de dos periodistas del Dario de Mallorca y la agencia Europa Press en la isla. Es el penúltimo capítulo de una historia negra, muy negra, sobre la noche de Mallorca. En el territorio negro de vamos a hablar, por segunda vez, ya hicimos en junio de 2015, sobre las investigaciones abiertas contra los grupos mafiosos que controlan la noche mallorquina y también sobre las ahora, investigaciones sobre periodistas.

Luis Rendueles y Manu Marlasca |  Madrid |  18/12/2018

Empezamos recordando un territorio negro de junio de 2015. Hace más de tres años hablábamos aquí de "orgías para policías y políticos viejos en Mallorca", así lo contabais. Hablabais de estercolero en la noche de Mallorca. Situémonos, porque con esas investigaciones empieza todo.

Hay dos investigaciones que confluyen en la noche de Palma de Mallorca. Una de la Guardia Civil desmantela una rama, un capítulo o chapter, como lo llaman ellos, de la banda de Los Ángeles del Infierno, que se había instalado en la isla para hacer negocios con la trata de mujeres. De otro lado, la policía nacional investiga la filtración de los exámenes para conseguir ser policía local en Palma de Mallorca. Las dos investigaciones se cruzan cuando en ellas aparece un mismo policía municipal, un agente llamado Nicanor.

Este caso recuerda a la maravillosa novela de James Ellroy y película LA Confidential. Tirando del hilo de ese policía municipal, los investigadores llegan muy pronto, a otros territorios

En las pesquisas aparece otro policía municipal, llamado Daniel. Surgen datos que los vinculan con locales nocturnos en la zona de El Arenal, en la playa de Palma, y también en Magaluf. La mujer de ese policía tiene un bar donde acuden varios agentes, que forman parte de un club de paint ball. Los investigadores comprueban que el estilo de vida de este policía no se corresponde con su sueldo. Tiene un Hummer amarillo, un lujoso todoterreno, con el que se pasea por Palma y acude a cursos de seguridad patrocinados por el FBI en Estados Unidos que cuestan 1500 euros.

Y se descubre que esos policías municipales no son los únicos. Se va viendo el tamaño de esa gangrena en la noche de Mallorca. La jueza investiga hasta a 30 policías que podrían estar ganando dinero extra trabajando en locales nocturnos. Algunos recogen terrazas, otros hacen de porteros, otros simplemente garantizan a los dueños de algunos locales que les pagan que no aparecerán grúas de la policía para llevarse coches aparcados en doble fila ni inspecciones sorpresa por ruidos o por exceso de aforo en sus establecimientos...

En un primer momento se investiga ya formalmente a un grupo de doce policías locales. Hay testimonios que los sitúan también en locales de prostitución y trata de mujeres, especialmente el American Table Dance.

Ya estamos en otro escalón. La justicia va de abajo a arriba y ya ha conectado a un grupo de policías municipales de Palma con empresarios de locales de prostitución. El asunto se va complicando, claro, pero la jueza Carmen González y la policía nacional hacen muy bien su trabajo. Eso sí, empieza a haber problemas. Algunos imputados insultan y amenazan a la jueza. La policía nacional, mientras tanto, consigue testimonios. Empleados y mujeres prostituidas en los locales cuentan que allí los policías municipales tenían sexo gratis. Que algunos acudían cada día.

Varias de esas mujeres, que pasan a ser testigos protegidos, explican que su jefe, no el que figura como dueño, sino el dueño real, es un hombre muy poderoso. Dicen que tienen miedo. Que las obligan a participar desde hace muchos años en fiestas privadas con políticos y cargos públicos, orgías con Moet Chandon y Viagra porque algunos de esos alcaldes o concejales son muy viejos... Hablan de 15 hombres y 12 mujeres, casi todas rusas, en esas orgías, que a veces eran en el club, pero fuera del horario de apertura, y otras en fincas privadas.

En aquel Territorio Negro de hace tres años y medio casi. Nos habíamos quedado ahí, no se había identificado a esos políticos aun, a pesar de que en aquellas orgías había al menos una menor de edad.

Así fue. Y así sigue siendo. La primera jueza del caso asciende y se va a la Audiencia Provincial de Palma. La sustituye un magistrado, Manuel Penalva, que impulsa el caso. Las investigaciones de la policía continúan y señalan a uno de los principales empresarios de Palma de Mallorca, Miquel Pascual, dueño de una importante cadena de hoteles. En el sumario aparecen también implicados un funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento y dos hombres fuertes del PP en la isla, José María Rodríguez, que fuera delegado del Gobierno, conseller de Interior en el gobierno autonómico de Jaume Matas y luego senador, y Alvaro Gijón, ex diputado autonómico.

Y el juez Penalva sigue investigando y con ayuda de algunas mujeres que participaron en esas orgías llega a un nuevo nombre, al más poderoso quizá de Palma de Mallorca, el empresario Bartolomé Cursach, a quien llaman Tolo

Cursach, que empezó ganándose un dinero como recogepelotas en el club de tenis de Palma, según sus biografías, es hoy un empresario muy importante y poderoso. Fue presidente del equipo de fútbol del Mallorca y es dueño, entre otros, de la discoteca Tito's, quizá la más famosa de la noche en la isla, y también de Pachá, de la discoteca BCM en Magaluf y de complejos turísticos como el MegaPark. El empresario tiene a unos 1.700 empleados trabajando en su gruop. Pero su nombre aparece en declaraciones del sumario y el juez decide pincharle los teléfonos.

Esas escuchas ordenadas por el juez Penalva y el fiscal Subirán dan frutos. Y las investigaciones continúan en dos direcciones. Las escuchas telefónicas mostraban que el gobierno de Baleares, concretamente la conselleria de Turismo, "se plegaba dócilmente" a los intereses del empresario Cursach, según el juez. Así fue posible que el complejo Megapark se inaugurara y funcionara durante años sin licencia, por ejemplo. En esas escuchas, se advierte que el grupo empresarial podría haber defraudado a Hacienda mucho dinero, se habla de nueve millones de euros.

Y el juez también sigue la otra línea, la de las orgías y los políticos viejos. En ese camino, consigue la agenda de una de las mujeres. Allí se escriben datos sobre las orgías con los políticos y aparece también el nombre de Tolo (se entiende que Cursach). Una de las fiestas anotadas, por ejemplo, costó 36.000 euros, que supuestamente pagó Cursach. En esas orgías, siempre según la testigo protegida número 31, participaban los dos altos cargos del Partido Popular, que lo han negado. Vamos a leer un fragmento de esa agenda, que dice: "Ayunta" (se entiende que es ayuntamiento) Señor Rodríguez. Morboso. Preparar tres chicas y tartas. Ojo, no viene solo. Es su cumple". Debajo, se lee: "Pasar a cobrar Tolo, llamar".

Finalmente, estamos ya en marzo de 2017, el juez Penalva envía a prisión al empresario. En el auto, el juez detalla que este hombre, el principal empresario de Mallorca, llevaba más de treinta años haciendo prácticas ilegales contra sus posibles competidores...

El juez habla de que la "extorsión sistemática" de Bartolomé Cursach habría empezado a mediados de los años ochenta. Apunta que tenía comprados a policías municipales de Palma y que estos le ayudaban. Por ejemplo, detenían a tiqueteros de la competencia, es decir las personas que entregan en las calles turísticas la propaganda o copas gratis de otros locales que no fueran de Cursach. Solían ser extranjeros sin papeles que podían recibir alguna paliza, ser detenidos luego y expulsados de España. Además, la discoteca para la que trabajaban recibía luego multas correspondientes. Esos policías locales recibían dinero y también acudían luego a fiestas privadas con mujeres y cocaína que supuestamente pagaba Cursach o alguno de sus colaboradores.

Hablamos de delitos muy graves: cohecho, pertenencia a organización criminal, sobornos... Y con la entrada en prisión de Cursach, digamos que la vida del juez Penalva cambia

Cambia bastante. Surge un movimiento en Baleares contra la corrupción judicial supuestamente. Se llama Movimiento 27N y al frente está el abogado Vicente Campaner, abogado por cierto de Bartolomé Cursach y boxeador aficionado. Organizan protestas frente a los juzgados y ya en febrero de 2018 unas 400 personas que se manifiestan pidiendo ayuda al Tribunal Supremo y llaman delincuentes al fiscal Subirán y al juez Penalva.

También, como ocurre muchas veces, la prensa se moja. Hay un periódico, el Diario de Mallorca, que va publicando investigaciones sobre el sumario, datos fiables y contrastados que digamos no benefician ni mucho menos a Cursach. De otro lado, surgen otros medios que difunden informaciones hostiles al juez Penalva y al fiscal Subirán y van publicando historias que les pueden debilitar o hacer daño, como el seguimiento de esas concentraciones contra ellos.

Y ocurren, siguen ocurriendo, episodios muy turbios. La testigo protegida dice que la han amenazado, y que lo ha hecho un familiar del empresario Cursach. Durante todos esos meses, arrecia la presión contra el juez y el fiscal del caso. Algunos testigos protegidos son amenazados para que cambien su testimonio. La dueña de aquella agenda, la testigo protegida número 31, denuncia que un sobrino de Cursach la ha amenazado. Ella vivía en un piso propiedad de ese hombre... Eso da idea del nivel de su protección en Palma de Mallorca.

La mujer cuenta entonces que le ofrecieron 10 mil euros por cambiar su versión y que como no lo ha hecho, la han amenazado, que incluso el día del juicio un coche negro ha intentado sacarla de la carretera cuando iba conduciendo. El sobrino de Cursach dice que miente y que él simplemente fue a reclamarle el dinero del alquiler... El caso es que la juez del caso no le creyó y le condenó a 15 meses de prisión por un delito de obstrucción a la justicia al entender que sí había amenazado a la testigo.

Hemos hablado varias veces de lo que sufre un testigo protegido y de lo desprotegido que queda, mucho más en un sitio pequeño, como una isla. Mucho más si se trata de gente muy vulnerable, como una ex prostituta con un hijo. Hay otro problema añadido, jefa, la lentitud en estos casos. Las tramas donde ha habido denuncias de prostitutas contra políticos o empresarios acaban muriendo por el tiempo. Se tardan cinco, seis años en llegar a juicio y estas mujeres ya no están, ya no viven allí, o no acuden a declarar. Es demasiado complicado, se las pide que sean heroínas y durante muchos años.

En fin, lo cierto es que pasados unos meses después de ese episodio, la testigo protegido se arrepiente y cambia su versión. Acude a ver al abogado de Cursach y dice que el juez la ha utilizado... Esa mujer llega a grabar al fiscal del caso y la grabación se difunde luego en un periódico de Mallorca... El juez denuncia poco después que ha sido seguido por detectives privados, que tiene que llevar pistola hasta cuando baja la basura... Finalmente, en marzo de 2018 le apartan del caso porque ha perdido la apariencia de imparcialidad por cruzarse mensajes de whatsapp con esa testigo protegida. En esos mensajes, el juez escribe refiriéndose a los imputados, "me da miedo que estos hijos de puta siembren la duda" sobre las investigaciones, se entiende.

Cae el juez Penalva, y llega otro juez, Miquel Florit. Un juez veterano, integrante de Jueces por la Democracia, progresista, discreto. Y es el juez que ahora ha ordenado a la policía que requisara los teléfonos móviles de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca.

Desde marzo dirige las investigaciones de esta formidable madeja corrupta el juez Miquel Florit. Lo primero que vamos a decir es que este juez ha ratificado en un auto las principales acusaciones contra los supuestos integrantes de la trama mafiosa.

En una de las piezas principales del caso, Florit ha cerrado la investigación y acusa de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y otros delitos graves a Cursach, que está en libertad bajo fianza de un millón de euros, y a otros personajes importantes como la que hasta hace fuera directora general de Turismo en el gobierno balear Pilar Carbonell, hablamos del gobierno dirigido por el Partido Socialista, además de un grupo de policías municipales. Carbonell, según informes de la policía, prestaba un trato de favor "exclusivo y preferente" a las empresas de Bartolomé Cursach.

En ese clima, los compañeros de Diario de Mallorca y Europa Press publicaron un informe de la policía nacional realizado el pasado verano en el que se apuntaba que las empresas de Bartolomé Cursach podrían haber cometido delitos fiscales al defraudar hasta 64 millones de euros. La policía estudiaba los ingresos de los locales, por ejemplo, de datos de las empresas de seguridad que recogían el dinero que se ingresaba en las discotecas, y concluía que Cursach y sus empresas declaraban aproximadamente un tercio del dinero que realmente ingresaban, que el resto quedaba bajo el radar, en b digamos.

Ese informe fue desmentido luego por otro de la Agencia Tributaria. El juez Florit creyó a la Agencia Tributaria y archivó el delito fiscal, eso sí, animó a Hacienda a investigar por su cuenta a las empresas de Cursach si así lo consideraba necesario. El asunto es que el sumario del caso estaba declarado secreto y que al juez Florit no le gustó ver ese informe policial publicado. Así que decidió abrir una investigación por un posible delito de revelación de secretos.

Pero eso no implica llevarse los teléfonos móviles de los periodistas. Lo habitual cuando se abre una investigación por revelación de secretos es que al periodista que ha publicado algo que está en un sumario judicial secreto se le tome declaración como imputado. El contenido y el tono de ese interrogatorio ya depende del carácter y el talante del juez, que debe perseguir según la ley al filtrador, a quien ha dado los datos, y no a quien los ha publicado.

Si lo que se ha publicado es cierto, como ocurre en el caso de Mallorca, lo habitual es que el juez pregunte a los periodistas quiénes nos han dado esos datos, quién es nuestra fuente, y que nosotros nos acojamos al derecho al secreto profesional, que viene recogido expresamente en la Constitución. Evidentemente, es un exceso retirarle el teléfono a unos periodistas, exponer a sus fuentes... En fin, romper la cadena de un oficio. Tiene que haber otras maneras de encontrar al filtrador, a la fuente, aunque se sospeche, como parece el caso, que el filtrador es un viejo fiscal o un antiguo juez. En Mallorca están matando moscas a cañonazos, las moscas son los periodistas, claro. Y quizá sería mejor dejar los cañonazos o las armas contundentes y las energías, para luchar contra otros enemigos más poderosos y más serios, que los tienen muy cerca y muy dentro. Como diría el clásico, el elefante lo tienen en la habitación.