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TERRITORIO NEGRO

Territorio Negro: Justicia para Lucía Garrido, once años después

Hay muertes para las que la justicia tarda en llegar. La muerte de la que vamos a hablar en su Territorio Negro es una de ellas. Es la muerte de Lucía Garrido, una mujer asesinada hace once años y bajo cuyo crimen se esconde una trama compleja y muy oscura, que estos días en la Audiencia Provincial de Málaga trata de ponerse al descubierto. Cuatro personas se sientan en el banquillo como responsables del crimen de Lucía: dos ex guardias civiles, la expareja de Lucía y un sicario, presunto autor material del asesinato. Un jurado popular decidirá quién o quiénes están detrás de la muerte de Lucía Garrido.

M. Marlasca y L. Rendueles
 |  Madrid | 24/09/2019

Empecemos por viajar en el tiempo hasta el día del crimen, el 30 de abril de 2008. El cuerpo de una mujer aparece flotando en una piscina en una finca conocida como Los Naranjos, en el término municipal de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Esta mujer es Lucía Garrido, 35 años, madre de una niña, Sara, que entonces tiene once años.

Su cadáver está en la piscina. Tiene algunos golpes en la cabeza y un corte en el cuello, pero la autopsia determinó que la mujer murió ahogada en la piscina de la finca, un lugar que va a tener una importancia fundamental en todo este entramado. Lucía y su hija, Sara, vivían allí junto a Manuel Alonso, pareja de la mujer y padre de la niña, hasta el año 2006, fecha en la que se separaron. Varias resoluciones judiciales concedieron el uso de esa finca a Lucía y a su hija y ahí comienza a fraguarse la muerte de la mujer.

Lucía y su pareja habían montado en la finca un centro de venta de animales exóticos, que les reportaba unos buenos ingresos, y en el que se saltaban toda la legalidad, gracias a las buenas relaciones de Alonso con los agentes de la Guardia Civil del Seprona de Málaga. Además, esta relación hacía posible que hasta la finca llegasen los animales intervenidos en toda Andalucía, es decir, era un depósito y, como tal, recibía jugosas subvenciones de la Junta de Andalucía. Tras la separación de la pareja y las decisiones de los juzgados de familia, Alonso ya no podía disponer de la finca y de los 40.000 euros trimestrales que ese negocio le reportaba, así que hizo todo lo posible para que Lucía y su hija saliesen de allí.

Lo intentó por la vía judicial, pero también por otras. El relato de la acusación particular es tremendo. Tras varios intentos de Manuel Alonso, los tribunales ratificaron que el uso de la finca era para Lucía y su hija y que él debía pagar una pensión de 600 euros y devolverle el coche que le había quitado. En marzo de 2007, la mujer denunció malos tratos y amenazas: dijo que Alonso no le pagaba un céntimo, que le había cortado el teléfono móvil, que le había pinchado las ruedas del vehículo y que le había quitado el mando con el que se abría el portón de la finca. Además, impidió el acceso a la casa al cerrajero que Lucía había contratado para cambiar las cerraduras de la casa y hasta a un técnico que iba a arreglar la lavadora.

Según el escrito de la fiscalía, en Los Naranjos no solo se guardaban animales, sino que la finca también había servido de guardería de droga para alguna organización criminal. De hecho, en abril de 2009, un año después de la muerte de Lucía, en ese mismo lugar murieron dos colombianos que irrumpieron en la propiedad de Alonso. Éste los disparó, según dijo, en defensa propia. Pero un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sostiene que los fallecidos iban a realizar un vuelco, es decir, a robar la droga que Alonso guardaba en dobles fondos practicados en las jaulas de los animales. Él, que esperaba la llegada de los colombianos, los esperó y los mató a sangre fría, según el mismo informe. Lo cierto es que, diez años después, aún no se han juzgado estos hechos.

La teoría del fiscal es que Lucía murió, precisamente, por todo lo que sabía, era una testigo incómoda. La acusación particular sostiene, además, que era un obstáculo para los negocios de su marido y sus socios, entre los que había guardias civiles de la Comandancia de Málaga. Alonso, desde luego, hizo todo lo posible, antes de la muerte de la mujer, por echarla de allí: puso ratas muertas en los aljibes para contaminar el agua, no alimentaba a los tigres y leones que tenía en la finca para que pasaran las noches rugiendo de hambre y así atemorizar a su expareja y a su hija. La mujer fue diagnosticada de un cuadro de ansiedad, no dormía y llegó a perder 24 kilos de peso.

Y ese 30 de abril, todo acaba para Lucía, que es asesinada en esa finca. Probablemente esta sea una de las investigaciones más complejas que hemos visto nunca. En un principio, a la familia de Lucía le contaron que probablemente la mujer se había suicidado, pero eso, lógicamente, quedó descartado pronto por la autopsia. Así que el asunto pasó a manos de un juzgado de violencia contra la mujer. Las denuncias por malos tratos de Lucía, el mal clima tras la separación. Todo apuntaba a Manuel Alonso como autor del crimen, aunque él tenía todo muy bien preparado para salir de rositas de esa investigación.

El día de la muerte de Lucía, Manuel Alonso buscó encontrarse con todas las personas que pudo desde primera hora de la mañana. Y a todas ellas les dijo que se iba a Cádiz a buscar unos animales, incluso a uno de ellos le animó a acompañarle. Ese mismo día 30, Alonso repostó en dos gasolineras de la provincia de Cádiz en pocas horas y no porque se le acabase rápidamente el combustible, sino porque se dio cuenta de que en la primera en la que paró no había videocámaras que le hubiesen grabado. Ese día guardó todos los tickets de los peajes, de los bares y de las gasolineras, algo que no hacía nunca. Quería tener una coartada sólida, demostrar que el día del crimen él estaba muy lejos de allí. Y lo cierto es que lo demostró. Porque no estaba.

Ha sido un caso con un larguísimo peregrinaje judicial. En un primer momento, fue archivado por falta de pruebas. Parecía el crimen perfecto, pero en 2012, gracias al empeño de la hermana de Lucía Garrido y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el caso se reabrió. Dos años después, en 2014, el asunto da un giro definitivo, cuando el juzgado encargado de la instrucción pidió al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que se encargase de las investigaciones. Un anónimo señalaba que Manuel Alonso, el marido de Lucía, mantenía excelentes relaciones con varios agentes de la Guardia Civil de Málaga y que ahí podía estar el móvil del crimen.

El nombre que le pusieron a la operación ya da una idea de la complejidad de la trama a la que se enfrentaron: Telaraña. El SAI comenzó la investigación desde cero, como si fuese el primer día tras la muerte de Lucía. A principios de 2015, una amiga de Lucía que residía en Noruega les apuntó en una buena dirección: dijo que el móvil del crimen estaba relacionado con todo lo que sabía la víctima de los negocios de su marido con agentes de la Guardia Civil. Asuntos Internos relacionó la muerte de Lucía con la de los dos colombianos, un año después, y encontró lazos entre los dos sucesos, más allá de que tuvieron el mismo escenario, esa finca de Los Naranjos.

Lo primero que hicieron fue un informe que echaba por tierra la defensa propia en el caso de los colombianos. Supuestamente, ellos habrían realizado ocho disparos, sin acertar ni uno y Alonso solo realizó dos disparos, que alcanzaron a los intrusos en partes vitales. Además, Asuntos Internos puso de manifiesto en su informe que había armas cargadas, listas para disparar, por toda la casa, como si Alonso esperase la llegada de los dos colombianos. Las pesquisas llevaron hasta un grupo de delincuentes conocido como Los Niños de Fuengirola y hasta un guardia civil, convertido en millonario, Amador Pérez Luque.

Asuntos Internos considera que Amador Pérez ha estado una década al frente de una red de tráfico de drogas. Incluso la DEA y el NCIS británico se fijaron en él, por sus relaciones con poderosos traficantes colombianos. Su estilo de vida está muy alejado del de un agente del orden y la ley: se compró una vivienda castillo en Coín y regenta un circuito de motociclismo, El Templo del Motor, que tiene una fina hacienda adosada.

Asuntos Internos analizó cerca de 6.000 llamadas telefónicas. En ellas, se traslucía que Los Naranjos era, además de un almacén de animales, una guardería de droga. Además, varios testigos protegidos confirmaron esta tesis y dijeron que el asalto de los colombianos a la vivienda de Alonso fue planificado por Amador, que pensaba robar 150 kilos de cocaína que había almacenados allí. Un testigo protegido identificó a Amador y al otro guardia civil que se sienta ahora en el banquillo, José Antonio Bandera, como los participantes en un par de reuniones previas a la muerte de Lucía en una terraza del paseo marítimo de Torremolinos.

En esas reuniones se planificaron varios robos de droga y la muerte de Lucía Garrido. Y en ellas estuvo un delincuente relacionado con Los Niños de Fuengirola, apodado El Rana e identificado como Ángel Vaello García. Quien no estuvo en esa reunión fue Manuel Alonso, el marido de Lucía Garrido, pero la investigación apunta a que él preparó todo para que los asesinos tuviesen todas las facilidades para hacer su trabajo.

Aquí cobra mucha importancia el trabajo del departamento de Criminalística de la Guardia Civil. Entre los efectos hallados en el lugar del crimen había unas llaves, que en un principio los investigadores pensaron que eran de Lucía, porque se encontraba cerca de la piscina y entre otros efectos, como el bolso y la documentación de la mujer. Pero esa llave no era de Lucía, se le debió caer al asesino mientras cometía el crimen. En 2016, el laboratorio de Biología encontró en la llave el ADN de El Rana, uno de los asistentes a esa reunión, que se sienta ahora en el banquillo como presunto autor material del crimen. La teoría es que Manuel Alonso le facilitó esa llave para que accediese a la finca y esperase allí a Lucía Garrido.

Hasta 2016 no se pudo dar con el autor material del crimen. Habían pasado ocho años… y muchas más cosas. Un testigo protegido del caso fue asesinado en Mijas, otro desapareció tras ser amenazado y no ha comparecido en el juicio. Otro más murió asesinado en Colombia. Han desaparecido grabaciones, otras han sido inutilizadas. Recientemente, la Guardia Civil ha descubierto que alguien ha empleado las bases de datos internas del cuerpo para averiguar qué agentes de Asuntos Internos han participado en la investigación del caso. El caso, como decíamos antes, es uno de los más complejos que ha habido en España recientemente.

Pero el caso, finalmente, ha llegado al banquillo, a la Audiencia Provincial de Málaga, aunque entre fiscal y acusación particular hay alguna diferencia respecto a apuntar quiénes están detrás de la muerte de Lucía Garrido.

El fiscal solo acusa a Ángel Vaello, el Rana, como autor material, y a Amador Pérez Luque, el guardia civil, como inductor y cooperador necesario en la muerte de Lucía. Solicita 23 años de cárcel para cada uno de ellos. La acusación particular, por el contrario, acusa de inductores del crimen también a Manuel Alonso y al otro agente, José Antonio Bandera, y pide para ellos 25 años de prisión. Pese a estas altísimas peticiones de cárcel, todos ellos permanecen en libertad, a la espera de que el jurado popular que juzgará este caso dicte su veredicto. Es previsible, y así lo anunció en la primera sesión del juicio, que el fiscal cambie sus conclusiones y acuse también a Manuel Alonso de la muerte de la mujer.

Amador, el guardia civil, dijo que no conocía de nada ni a Lucía ni a su pareja y negó haber participado en ninguna reunión con delincuentes. El otro agente también negó todo y dijo que todo era un complot de Asuntos Internos. Manuel Alonso negó que maltratase a Lucía y que la finca fuese empleada como guardería de droga y el presunto autor material dijo que el día del crimen de Lucía estaba celebrando el cumpleaños de su madre y que era un “cabeza de turco”. Un clásico, vaya.