Maldita Hemeroteca: Las sedes de los partidos políticos como protagonistas de la corrupción

Hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha aportado ante la Audiencia Provincial de Barcelona una lista con más de 40 sedes de propiedad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), algunos de ellos sedes del PDeCAT, con el objetivo de que sirvan para que el partido devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales en el caso Palau.

Las sedes de Convergència han sido protagonistas en más de una ocasión. En 2015, el juez del caso Palau ordenaba el registro de una de los locales de este partido, y Artur Mas decía que "él y su partido eran objeto de caza mayor". Pero el caso ha terminado con la justicia dictaminando que Convergència tiene que pagar 6,6 millones de euros, y con Millet, Montull y el extesorero de la formación en prisión. Puede que "las casualidades" de las que hablaba Mas no eran tales.

En el año 92, la sede del PSOE en la calle de Ferraz también fue protagonista de registro con el caso Filesa. Varias empresas contribuyeron a la financiación ilegal de las campañas del partido y el juez Barbero ordenaba entrar en la sede para requisar la documentación contable. No obstante, el PSOE mostró su disconformidad con el procedimiento y solo quería entregar la documentación que ellos consideraran de interés para el juez. Como Mas, decían que eran las víctimas y que iban a por ellos, ya que todos los partidos en ese momento se financiaban ilegalmente.

Voxpòpuli hizo público que Hacienda apuntó que el PP utilizó entre 1998 y 2005 una cuenta abierta, en principio, destinada a dotar de seguridad privada a los cargos públicos por culpa del terrorismo, y que en realidad se utilizó para pagar parte de la hipoteca de su propia sede en Bilbao. Además, también tenemos la presunta reforma en B de su sede principal en Génova 13. Aunque la que por aquel momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que “el total de la obra figuraba en la contabilidad del partido”, la realidad es que Hacienda ha confirmado que la reforma de Génova se hizo con dinero negro y el juicio por dicha obra comenzará en febrero de 2021.