La vivienda en España sigue subiendo y se ha convertido en el principal gasto de los hogares españoles. El 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero, destinan el 60% de sus ingresos al pago del alquiler. Las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada diez euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada diez euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
Son datos del informe 'Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida', presentado este martes por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA.
El estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%). El porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población (3,8 millones de personas).
Vivienda, factor determinante
Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008. "Esta lucha por encontrar un equilibrio entre todas las necesidades esenciales de la familia se convierte en un desafío constante, ya que, a pesar de los esfuerzos y estrategias implementadas, a menudo resulta difícil alcanzar un nivel de vida digno", señala Daniel Rodríguez, técnico del informe.
El esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir también está al alza. Hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda contra los 2,9 años que eran necesarios en 1987. Actualmente, se necesitan más años y el aporte viene de varias fuentes (más un sueldo) con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Si la compra de la vivienda es un foco de tensión, no se queda lejos el alquiler. La mitad de las familias que cuentan con una casa en alquiler también sufren estrés financiero. Un tercio de la población en alquiler están en situación de estrés moderado y, lo que es aún más preocupante, el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero. Esto quiere decir que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.
Fórmulas para subsistir
Sube el hacinamiento en las familias más pobres porque entre otras medidas recurren al subarriendo de habitaciones. En 2022 esta fórmula ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares). También se está registrando un incremento notorio en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.
Las viviendas que no cumplen unas condiciones mínimas dignas aumentan pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
Seis propuestas
Desde Cáritas y la Fundación Foessa, reclaman más políticas públicas en vivienda social y una acción conjunta para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Hay seis propuestas claves para ello:
- Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por un lado, es decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad.
- Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral.
- Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo y con sueldos dignos,
- Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
- Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.
- El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar.
