El pasado 20 de febrero el Congreso de los Diputados admitió a trámite la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal procedente del Senado.
No avanza en el Congreso
Esta norma fue presentada por el Partido Popular con el objetivo de "evitar conductas delictivas en vez de fomentarlas o amnistiarlas".
Desde entonces, la tramitación del texto ha quedado paralizada ante la continua ampliación del periodo para presentar enmiendas.
El periodo para proponer finalizaba, en principio, el pasado 12 de marzo. Desde esa fecha se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas en hasta 11 ocasiones. Este martes fue la última vez que se prorrogó hasta el próximo 25 de mayo.
Qué dice la Ley
Esta norma plantea que una vez que una autoridad pública requiera el desalojo de un inmueble ocupado de manera ilegal, el ocupante debe dejar la vivienda en 24 horas o demostrar que tiene autorización para estar en ella.
En caso de que no puedan acreditarlo, los agentes procederán a echar al ocupante.
También propone endurecer el Código Penal para incrementar las penas de prisión de los okupas, que podrían alcanzar los tres años, frente a los dos actuales, en el caso de que la usurpación de la vivienda se haya hecho con violencia e intimidación.
Si la ocupación se hace sin violencia, la condena ascendería entre seis y 18 años de cárcel, frente a las actuales multas de tres a seis meses.
