El sábado 7 de junio ha entrado en vigor la prohibición de realizar llamadas spam desde teléfonos móviles, según el plan anunciado por el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de febrero.
Las llamadas comerciales ya estaban prohibidas desde el 29 de junio de 2023 cuando se modificó la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, el Gobierno considera insuficiente esta medida, por lo que ha diseñado un plan contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS.
Los usuarios no podrán recibir llamadas y SMS comerciales de origen internacional que simulen procedes de un número español. Tampoco pueden realizarse llamadas comerciales desde números móviles. Solo podrán hacerse llamadas comerciales con numeración geográfica (los prefijos 800 y 900) o números nacionales con prefijos geográficos.
Cómo denunciar llamadas spam
Si una empresa incumple la nueva normativa y realiza llamadas comerciales, el usuario tiene que denunciar las llamadas spama la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Si bien, según una encuesta elaborada por Facua, solo el 2,1% de las personas denuncia estas llamadas.
Además, el ministerio de Consumo ha indicado que las empresas que se salten la normativa, las operadoras serán sancionadas con una "infracción grave" según la Ley General de Telecomunicaciones y podrán ser multadas con hasta dos millones de euros o el 4% de su facturación anual.
Otras medidas que entrarán en vigor
Otra medida que entrará en vigor en los próximos 15 meses es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que usan las empresas y que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
También, tal y como anunció Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, aunque el Gobierno todavía no ha anunciado cuál.
Igualmente, Bustinduy explicó que Sumar había registrado otra enmienda para obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento de los usuarios para recibir llamadas y que el tiempo máximo de espera en las llamadas telefónicas sea de un máximo de tres minutos.
