En una sesión marcada por la incertidumbre, el Congreso de los Diputados dio luz verde esta semana a una proposición de ley que reclama una reforma integral sobre las indemnizaciones por despido, con el objetivo de otorgar a las personas trabajadoras una protección más efectiva y restaurativa.
La votación se decidió por la mínima, debido al voto equivocado del diputado popular Joan Mesquida, lo que permitió que la iniciativa de Sumar triunfara ante la oposición de PP y Vox y la abstención de Junts.
El papel del error del PP en la votación
El resultado final fue de 171 votos a favor y 170 en contra, estando la clave en el voto inesperado de Mesquida, cuya equivocación permitió que saliera adelante una propuesta rechazada por la mayoría de su propio grupo. El hecho remite al precedente de la reforma laboral de 2022, también aprobada por una confusión parlamentaria.
Aunque el texto no tiene efectos legislativos inmediatos, sí marca una posición política clara que obliga al Gobierno a abordar nuevas formas de indemnización por despido.
En qué consiste el "despido restaurativo"
La proposición apoya el establecimiento de indemnizaciones que funcionen realmente como mecanismo disuasorio ante los despidos sin causa justificada.
Entre los criterios sugeridos están el tamaño de la empresa, su volumen de negocio y otras circunstancias que puedan determinar la cuantía indemnizatoria. El objetivo es evitar que el despido improcedente resulte barato para las empresas, tomando nota de las reclamaciones sindicales y de los dictámenes europeos que advierten del incumplimiento español en materia de protección laboral.
Próximos pasos y diálogo social
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha anunciado que la mesa de diálogo con sindicatos y patronal se constituirá en octubre para debatir y negociar la reforma en profundidad. Esta nueva fase promete generar enfrentamientos con la patronal, que se resiste a cambios que puedan incrementar el coste de los despidos.
La reforma responde tanto al programa de Gobierno PSOE-Sumar como al requerimiento europeo de reforzar la causalidad y la indemnización ante despidos injustificados.
Polémica y reacción de los sindicatos
Los sindicatos aseguran que el sistema actual de despido en España no ofrece suficiente reparación, especialmente para empleados con contratos breves. El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a indemnizaciones superiores, pero la presión institucional y europea sigue creciendo para que España adapte su regulación laboral.
