La denuncia de la responsable de una ONG valenciana de ayuda a los inmigrantes fue el hilo conductor del que tiraron las investigaciones policiales. Una mujer de 28 años, de origen argelino y en situación irregular en nuestro país le había confesado que un amigo de su marido le había ofrecido hasta 40.000 euros por la donación de un fragmento de su hígado. La joven llegó incluso a realizarse pruebas de compatibilidad en una clínica privada de Valencia, pero fue descartada por encontrarse embarazada.
El presunto comprador del órgano era un acaudalado ciudadano libanés, alcalde de una ciudad del Líbano y necesitado de un trasplante hepático. En su país las pruebas de compatibilidad realizadas con su hijo fueron negativas y se sospecha que algún médico le encaminó a España con las instrucciones precisas para encontrar un donante.
Una vez en nuestro país y ayudado por dos mediadores, uno palestino y otro libanés, localizaron a nueve inmigrantes sin recursos como potenciales donantes y les costearon las pruebas médicas por valor de 12.000 euros en una clínica privada de Valencia. Les realizaron además de análisis, pruebas muy específicas como resonancias abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas, algunas sólo indicadas para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado. Todas las pruebas se facturaron a una empresa radicada en Alicante cuyos responsables también han sido detenidos.
Realizadas las pruebas, uno de los inmigrantes aceptó la oferta y fue considerado idóneo. El receptor llegó a personarse con este donante, de origen rumano, en el hospital Clínico de Barcelona para proceder a la intervención, pero ésta fue rechazada por el coordinador de trasplantes del hospital ante la sospecha de fraude. No existían pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación.
Tiempo después, el ciudadano libanés fue sometido al trasplante de hígado en el mismo hospital, pero la donación provino en esta ocasión de su hijo, al que las pruebas realizadas en España señalaron como donante compatible.
La investigación policial avanzó al cruzar los datos del hospital de Barcelona con la denuncia de la ONG valenciana y detectar que el receptor final del órgano era el mismo. En este punto el trasplantado ya había abandonado España y fue al volver, el 30 de enero pasado, para una revisión médica, cuando fue detenido en el mismo aeropuerto de Manises. Junto a él fueron arrestadas las dos personas que actuaron de intermediarios y los propietarios de la empresa a la que se facturaron las pruebas médicas.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha querido destacar la colaboración ciudadana, en concreto la de la ONG valenciana “sin la que no hubiera sido posible el desarrollo de esta operación”. Tanto él como el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, han señalado que la operación, la primera de este tipo en nuestro país, demuestra que “el sistema funciona”. Matesaz ha añadido que “ningún país es inmune a la compraventa de órganos” y por ello hay que estar especialmente vigilantes para garantizar el modelo español, basado “en el altruismo y la credibilidad”.
España es uno de los países más garantistas en materia de trasplante de órganos. De hecho nuestra legislación es pionera en el mundo al penalizar con hasta 12 años de cárcel el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. El doctor Matesanz ha recordado que el único trasplante permitido en nuestro país para extranjeros es el intervivos, que se refiere a hígado o riñón y sólo en el caso en que esté probado que el donante es familiar o allegado y que no hay intercambio económico de por medio.
