La quinta víctima mortal de la fiesta de Halloween del Madrid Arena ha muerto como consecuencia de las "lesiones cerebrales severas" que padecía tras la avalancha humana que había costado la vida a otras cuatro jóvenes.
Alonso, que nació en Madrid el 5 de abril de 1992, permanecía ingresada desde el pasado 1 de noviembre en la UVI del hospital madrileño con ventilación asistida y en estado de coma. El fallecimiento de la joven eleva a cinco el número de víctimas mortales en esta tragedia; las otras son una chica de 17 años y otras tres de 18 años, que también murieron aplastadas en la avalancha humana que se produjo en uno de los pasillos del pabellón.
Las fallecidas fueron Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda y Cristina Arce de la Fullecidas el mismo día de la tragedia; y Belén Langdon, de 17, que murió el 3 de noviembre.
Tras el suceso, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, explicó que el evento cumplía todos los requisitos legales y técnicos para su celebración y que, según la información facilitada por la empresa organizadora, Diviertt, se vendieron 9.650 entradas de las 10.600 disponibles.
Sin embargo, el recuento final de las ocho urnas de entradas encontradas por la policía |||el Ayuntamiento se personaría como acusación particular si el juez determina que la empresa organizadora tiene responsabilidad en la tragedia y aseguró que, mientras sea alcaldesa, no se cederán "nunca más" espacios municipales para eventos similares.
En los días siguientes a la tragedia los partidos de la oposición y diversos colectivos criticaron la gestión del Gobierno municipal en relación con la fiesta de Halloween y pusieron en duda los datos inicialmente difundidos por el vicealcalde, cuya gestión fue expresamente avalada por Botella.
El pasado 13 de noviembre el tercer teniente de alcalde, delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento y presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos -propietaria del recinto Madrid Arena-, [[LINK:INTERNO||||||Pedro Calvo, presentó su dimisión]] de estos cargos, aunque mantiene su acta de concejal.
Tres días después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la constitución de una comisión de investigación sobre el caso que comenzó el pasado martes. El juez aceptó la personación del consistorio en la causa como "parte interesada" y la instrucción determinará si como acusación particular o en calidad de responsable civil subsidiario. Las familias de las víctimas y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento se han presentado como acusación particular y la organización Manos Limpias como acusación popular.