Una vez más las exmonjas de Belorado están dando que hablar. La jueza dio la razón a la Iglesia la semana pasada y ordenó el desahucio de las clarisas del convento, incluidas las cinco monjas mayores, con edades comprendidas entre 86 y 100 años. Debían ser trasladadas por orden de la Fiscalía a otro convento gestionado por la Federación de Clarisas.
Sin embargo, tal y como cuenta ABC, la orden judicial no ha podido cumplirse. Según fuentes cercanas, la Guardia Civil, acompañada por representantes de la Federación de Clarisas, intentó realizar el traslado. Primero fueron al monasterio de Belorado, y después de comprobar que no estaban allí, se trasladaron al otro situado en Orduña, Vizcaya, donde se encontraban las monjas mayores. Pese a la presencia policial y la voluntad manifestada por las autoridades para ejecutar la resolución, las ex religiosas cismáticas opusieron una firme resistencia, impidiendo que se llevaran a las hermanas mayores.
"Un secuestro" según las ex monjas
Sor Paloma y sor Berit, dos de las exmonjas, viajaron rápidamente hasta Orduña para acompañar a las mayores, quienes, según ellas, se negaban a abandonar el lugar. En audios y declaraciones difundidas durante la jornada, calificaron la acción como "un secuestro" y denunciaron que se vulneraban los derechos de las religiosas, que en todo momento expresaban su deseo de quedarse "juntas y en conciencia" en su comunidad.
Fiscalía defiende el traslado
Por su parte, desde la Fiscalía explicaron que el traslado debe realizarse aunque las monjas lo rechacen, amparados en la protección de las personas mayores ante el desahucio inminente del monasterio. La orden judicial contempla el bienestar y la seguridad de estas religiosas, algunas con alto grado de dependencia por su edad, y por ello se designó a la Federación de Clarisas para hacerse cargo de ellas.
La exabadesa del monasterio, en un audio posterior, reconoció que la Guardia Civil inspeccionó el convento de Belorado para constatar que las monjas mayores no estaban allí y posteriormente se desplazaron a Orduña, donde se produjo la resistencia. De hecho, se negaron a permitir el acceso incluso a la jueza enviada para verificar la situación.
La postura de las exmonjas no cambia, siguen defendiendo ese sentimiento firme de unión y defensa de la comunidad, y rechazan el traslado de sus hermanas mayores a otro convento. Es un conflicto que parece lejos de resolverse, pero la Fiscalía advierte que habrá nuevas actuaciones para garantizar el cumplimiento de la orden y el bienestar de las religiosas mayores, aunque estas se opongan.
