DESATA LAS CRÍTICAS DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Interior acerca a cinco etarras, entre ellos al secuestrador de Delclaux y Aldaya

Cinco etarras, entre ellos Gregorio Vicario Setien, condenado por acciones como el secuestro en 1996 del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya un año antes, serán acercados a prisiones más próximas al País Vasco. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia que durante el mandato de Sánchez ya son 99 los presos etarras que han sido trasladados de prisión.

EFE | ondacero.es

Madrid | 20.11.2020 16:43

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska | Agencia EFE

Según ha informado este viernes La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la que es responsable la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska, cinco etarras serán trasladados a cárceles más próximas al País Vasco. Concretamente, Gregorio Vicario Setien, condenado, entre otras acciones, por el secuestro del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya, Egoitz Coto Echeandia, León Ángel María López Anta, Aitor Olaizola Baseta y Zigor Bravo Saez.

Prisiones también ha acordado conceder el tercer grado penitenciario o régimen abierto a Emilio Salaberria Etxebeste, condenado por colaboración con la banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos. Salaberria, que ha rechazado la violencia y cumplido gran parte de la condena será trasladado desde la prisión de El Dueso (Cantabria) al centro penitenciario de San Sebastián. Vicario Setien, que permanece en primer grado, pasará de la prisión de Topas (Salamanca) a la cárcel de Burgos y cumplirá las tres cuartas partes de su condena en enero de 2036. Otro de los etarras que serán trasladados, en esta ocasión desde Granada a El Dueso, Egoitz Coto, codenado entre otras acciones por el intento de asesinato de dos ertzainas en 2001 en la localidad vizcaína de Portugalete.

Según Prisiones, Coto ha remitido un escrito en el que reconoce el dolor causado y muestra su empatía con las víctimas. Desde la cárcel de Cáceres a la de La Moraleja (Palencia) será trasladado Aitor Olaizola, que permanecerá clasificado en primer grado y que cumple condena desde marzo de 2001 por el atentado ese mismo año en las inmediaciones del hotel Montecarlo de Roses (Girona) en el que murió el 'mosso d´esquadra' Santos Santamaría. Además, Olaizola está procesado por intentar atentar contra el que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

Zigor Bravo Saez de Urabain, condenado entre otras acciones por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, pasará desde la cárcel de Teixeiro (A Coruña) a la de Burgos, después de haber remitido un escrito rechazando la violencia y haciéndose responsable del sufrimiento causado. Este etarra ha remitido un escrito en el que rechaza la violencia y se hace responsable del sufrimiento causado, lo que le ha permitid progresar a segundo grado penitenciario. Ángel María López Anta, que cumple condena por delitos de atentado, estragos e incendios, será trasladado desde el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) al de León.

CRÍTICAS DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Tras esta decisión, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha vuelto ha denunciar estos traslados y ha aprovechado para reprochar, a través de un comunicado, que EH Bildu tenga la prerrogativa de ser un partido esencial en la gobernabilidad del Estado por su apoyo a los Presupuestos. Ha censurado también que algunos ministros del Gobierno hayan alabado "el sentido de la responsabilidad" de ese partido, que no ha condenado los asesinatos de la banda, que "no ha reconocido que el uso de violencia no tiene ningún tipo de justificación y que quiere a los asesinos fuera de las cárceles".

La AVT insiste en su petición de reunirse con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que no tiene ningún problema en correr por las víctimas del terrorismo", pero a quien le resulta "harto complicado" explicarles "esta sangría de acercamientos". También denuncian que durante el mandato de Sánchez son ya los 16 etarras a los que se les ha concedido el tercer grado y 99 los que han sido beneficiados por lo que consideran la "infamia de los acercamientos".