El Partido Popular ha decidido cercar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la próxima sesión de control al Gobierno tras conocerse los fallos informáticos en las nuevas pulseras antimaltrato. Estos errores, según la Fiscalía General del Estado, provocaron durante un tiempo indeterminado la imposibilidad de rastrear con normalidad los movimientos de condenados por violencia machista, generando una “potencial desprotección de las víctimas”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha reclamado la dimisión inmediata de Redondo porque, a su juicio, “quien pone depredadores sexuales en la calle” no puede seguir en el cargo. En paralelo, los populares han anunciado que forzarán la comparecencia de la ministra en el Senado, donde pedirán explicaciones sobre el alcance del problema y reclamarán la creación de una auditoría independiente para depurar responsabilidades.
En el Congreso, la ofensiva llegará en la próxima sesión de control al Gobierno, a la que no asistirá Pedro Sánchez porque viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. En su ausencia, los diputados populares Jaime de los Santos y Silvia Franco interpelarán a Redondo sobre si “las mujeres están más seguras” desde que gobierna el PSOE.
El PP exige además que la ministra detalle cuántas víctimas resultaron afectadas, cuántos casos judiciales se vieron comprometidos, cuánto tiempo estuvieron desprotegidas y cuántos agresores pudieron beneficiarse del “caos” generado.
La respuesta de Fiscalía e Igualdad
La Fiscalía General del Estado y el propio Ministerio de Igualdad han matizado que las víctimas “siempre han estado protegidas” y que las incidencias fueron puntuales, motivadas por la migración de datos entre la empresa adjudicataria saliente y la entrante en 2024.
Según la Fiscalía, los dispositivos funcionaban correctamente para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, aunque en un periodo concreto no fue posible facilitar datos a los juzgados. Esa carencia provocó sobreseimientos provisionales que, una vez recuperada la información, se reabrieron.
Redondo ha insistido en que “los dispositivos funcionaron en todo momento” y que el sistema está “a pleno rendimiento”. La ministra recalca que la alarma se debe a un problema técnico ya resuelto y que los casos comprometidos “no llegan al 1%”.
Críticas feministas
Colectivos como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han advertido de que la seguridad de las víctimas no debe depender del criterio del “precio más barato” en las contrataciones públicas. También la asociación Mujeres Juristas Themis ha calificado de “inexplicable” la pérdida de datos, apuntando a una responsabilidad de la Administración por no custodiar adecuadamente la información en la transición entre empresas.
