La Fiscalía General del Estado ha ordenado a todas las fiscalías de España que garanticen que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la pandemia del coronavirus sean oídos en los procedimientos penales incoados.
Así lo ordena en un oficio firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, siguiendo indicaciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el que da un mes a las fiscalías para que remitan información del número de diligencias de investigación en cada comunidad, de denuncias y querellas interpuestas por las mismas y procedimientos judiciales en tramitación.
Necesidad de contar con información de calidad
La Fiscalía General da instrucciones a los fiscales de las comunidades que garanticen que todos los familiares de víctimas sean oídos en las diligencias de investigación y en los procedimientos judiciales velando por su derecho a ser informadas, en especial cuando no estén personadas en el procedimiento.
Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus "se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad", "se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad".
"Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19", apunta el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press.
Pide que los familiares sean escuchados
Villafañe le pide a los fiscales superiores que los familiares sean escuchados durante las investigaciones en sede fiscal y que cuando pasen a la fase judicial el Ministerio Público plantee que declaren, "velando por su derecho a ser informados", así como que, en todo caso, los fiscales acudan a dichas declaraciones y a las de los imputados y testigos que "resulten de relevancia".
A este respecto, recuerda que "resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal".
