En contraste con los dueños de perros, la nueva Ley de Bienestar Animal, impulsada por el ministerio de Ione Belarra y aprobada el 16 de marzo en el Pleno del Congreso de los Diputados, no exige a los propietarios de gatos realizar un curso de tenencia responsable ni contratar un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, sí impone la obligación de esterilizar a los animales antes de que alcancen los seis meses de edad.
La legislación introdujo varios cambios notables: los individuos que deseen adquirir un gato ya no podrán hacerlo a través de tiendas de mascotas, ya que estas tendrán prohibido vender perros, gatos y hurones. En consecuencia, los interesados deberán acudir a un criador registrado. Alternativamente, la adopción de un gato también será posible a través de un refugio de animales o mediante la cesión gratuita de un animal por parte de un particular, la cual debe incluir un documento especificando las condiciones.
Además del certificado de vacunación y el microchip, los propietarios de gatos tienen el deber de registrar a sus mascotas en el registro de animales de compañía de su comunidad autónoma correspondiente. La no conformidad con las regulaciones de identificación del animal se considera una infracción grave, y puede resultar en multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 euros.
Clasificación de los gatos: tres tipos
La Ley de Bienestar Animal clasifica a los gatos en tres categorías en base a su forma de vida: gatos domésticos, gatos merodeadores y gatos comunitarios.
Los gatos domésticos son aquellos que se mantienen en el entorno humano, generalmente en el hogar. Por su parte, los gatos merodeadores son aquellos que deambulan libremente fuera del hogar de su dueño, sin supervisión.
Finalmente, los gatos comunitarios son los que viven en libertad, asociados a un territorio específico y que, debido a su escaso o nulo grado de socialización con humanos, no pueden ser fácilmente acercados o mantenidos por las personas. Sin embargo, su existencia depende de las interacciones con los seres humanos para su supervivencia.
Esterilización de gatos
Conforme a la legislación, los gatos deben ser sometidos a esterilización quirúrgica antes de alcanzar los seis meses de edad, a menos que estén registrados como reproductores y pertenezcan a un criador registrado en el Registro de Criadores de animales de compañía.
La Ley de Bienestar Animal, entre sus disposiciones, prohíbe de manera inequívoca dejar a un gato (o cualquier mascota) sin supervisión por más de tres días seguidos. En el caso de los perros, el límite de tiempo sin supervisión es de 24 horas. Asimismo, está prohibido mantener a los animales de manera regular en lugares como terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, y patios, entre otros.
Según lo estipulado en la ley, los dueños están obligados a integrar a sus gatos en el núcleo familiar y a tomar las medidas necesarias para evitar que "causen molestias, peligros, amenazas o daños a personas, otros animales o propiedades". La normativa también especifica que está estrictamente prohibido "utilizar animales de compañía para consumo humano".
¿Cuándo se puede sacrificar un gato?
La ley sólo permite la eutanasia de un gato bajo tres circunstancias específicas: para aliviar su sufrimiento, por razones de seguridad para las personas o animales, o si representa una amenaza justificada para la salud pública.
Los veterinarios no están autorizados a practicar la eutanasia en un animal por razones económicas, debido a su avanzada edad, o incluso si su enfermedad o lesión puede ser tratada de manera paliativa o curativa. Tampoco pueden hacerlo si el animal presenta problemas de comportamiento "que pueden ser rectificados".
En caso de que tu gato fallezca, es obligatorio notificar la baja en el registro correspondiente. También, es necesario proporcionar un documento que verifique que "fue incinerado o enterrado por una empresa oficialmente reconocida para realizar dichas tareas, indicando el número de identificación del animal fallecido y el nombre completo del responsable". Si no se puede recuperar el cuerpo del gato, se debe documentar adecuadamente. Las clínicas veterinarias suelen asesorar a los dueños o incluso se encargan de todo el procedimiento.
Protección de las colonias felinas
La legislación exige que los ciudadanos respeten "la integridad, seguridad y calidad de vida" de los gatos comunitarios. De igual forma, los dueños de perros deben "tomar medidas para prevenir que la presencia de estos pueda alterar" a los gatos.
La eliminación, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones no permitidas por la ley (como riesgo para ellos mismos o amenaza para la biodiversidad o la salud humana) se considera una infracción grave, sancionable con multas que oscilan entre los 10.000 y 50.000 euros. Causar la muerte de cualquier gato comunitario se considera una infracción muy grave y puede resultar en multas de entre 50.000 a 200.000 euros.
Además, la ley requiere que los ayuntamientos implementen métodos de control de la población de gatos comunitarios. Esto implica la creación de un censo de gatos, programas de esterilización que incluyan la marcación de la oreja, programas sanitarios para la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip, y un protocolo para gestionar conflictos vecinales.
La normativa permite a los ayuntamientos colaborar con las entidades de Gestión de Colonias Felinas registradas en el registro de entidades de protección animal. A cambio, la Administración General del Estado establecerá "líneas de subvención" para apoyar a estas entidades locales.
