La investigación, realizada a base de 33 entrevistas a niños y niñas migrantes en España, Grecia, Italia y Polonia, junto con entrevistas a profesionales y literatura académica, revela una serie de vulneraciones que se repite a lo largo de la frontera europea. Algunos ejemplos son:
- Errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad.
- Ausencia de personal especializado en infancia durante las primeras 24h.
- Cronificación de dispositivos provisionales que se abrieron como respuesta a crisis eventuales
A todo ello hay que sumarle la violencia que sufren los menores en ruta y en los puntos de entrada, como devoluciones en caliente y agresiones. Un simple error de identificación puede costar a los niños servicios básicos como la tutela, la escolarización o la atención sanitaria.
Niños tratados como adultos
Aunque el Pacto sobre Migración y Asilo no entrará en vigor hasta dentro de un año, en junio de 2026, muchos Estados miembros ya han modificado sus leyes con una prioridad: blindar las fronteras incluso a costa de los derechos humanos. El resultado es un repertorio de medidas que establece la lógica del control sobre la protección y deja a miles de niños y niñas sin las garantías básicas que la ley les reconoce. En ocasiones los menores son identificados erróneamente como adultos y hasta ubicados en centros de personas mayores de edad, sin la atención adecuada.
España no es menos… se infravalora la migración infantil
En 2024, 61.323 personas llegaron por vía marítima a España, según datos del Ministerio del Interior. El 76% de las llegadas fueron por la ruta atlántica, con destino a las Islas Canarias. Al menos un 10% eran niños, aunque muchos no fueron identificados como tales, un hecho que, según el informe, no valora la magnitud real de la migración infantil.
La falta de personal con mandato público durante las primeras 72 horas desde su llegada, hace que los menores pasen desapercibidos y no puedan recibir el apoyo o los recursos especializados que necesitan, como psicólogos o intérpretes. Es el caso de Momo, un niño marroquí de 13 años que nadó desde la playa de la Bocana en Beni Enzar (Marruecos) hasta las proximidades de Melilla. Llegó a España desnutrido y con déficit de crecimiento, y fue registrado con 3 años más. "Otros no corren la misma suerte", aseguran desde Save The Children.
Los riesgos se duplican en el caso de las niñas. Las adolescentes que viajan solas se exponen en mayor medida a la violencia y explotación sexual, tanto en destino como en tránsito.
La situación actual en Canarias es que los recursos de emergencia, abiertos en 2021 bajo condiciones excepcionales, siguen sobreocupados. El archipiélago tutela a más de 5.000 menores porque los traslados a la Península llegan a cuentagotas. Además, los retrasos en el reconocimiento de la minoría de edad y en las derivaciones prolonga la estancia de estos en espacios no adecuados para su edad.
Próximos pasos: el Pacto sobre Migración y Asilo
"Los niños que migran no son números. Son sujetos con derechos." Así lo afirma Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save The Children. Señala además que, cada vida que se pierde en el mar es el precio de unas políticas que priorizan el control fronterizo sobre la protección. Sugiere que España puede liderar en la Unión Europea un modelo que ponga el foco en el interés superior del menor.
Así, se reforzarían las garantías de protección para los niños y niñas recién llegados. Algunos de los protocolos que propone la ONG incluyen una fase de criba con:
- Identificación de perfiles vulnerables y su correcta derivación.
- Equipos dotados de mandato público en protección de la infancia.
- Tutores cualificados en cada procedimiento previo a la inclusión del menor en el sistema de protección.
Estas medidas se enmarcan en un llamamiento más amplio a la UE para que el próximo pacto integre en su totalidad la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Implica, entre otras medidas, evaluaciones de edad rigurosas y adaptadas a la infancia, formación obligatoria en sensibilidad al trauma para los agentes fronterizos, y la garantía de que ningún menor de edad sea privado de libertad ni de protección en el futuro sistema migratorio.
