España 2000 convoca un acto de protesta el sábado ante la llegada del Aquarius

"Mientras este gobierno cerró el banco de alimentos dejando a miles de familias sin tener que llevarse un alimento a la boca, ahora por rédito político ofrecen de todo al inmigrante Ilegal. Sábado 16 a las 12:00 al final de la Avda. del Puerto, Ilegales NO", asegura en su página de Facebook.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han señalado a EFE que hasta el momento no han recibido ninguna petición de autorización por parte de esta organización. El líder de España 2000 en Valencia, José Luis Roberto, asegura en su página de la misma red social que los "inmigrantes ilegales del Aquarius" vendrán a Valencia como refugiados, "lo que supone vivienda y salario mensual superior a lo que cobran cientos de miles de españoles por debajo del umbral de la pobreza", y asegura que las ONG que traen esta "riada" de inmigrantes son "colaboradoras necesarias de las mafias de tráfico de seres humanos".

"Tenemos el derecho y la obligación de manifestar nuestra protesta pacífica y legal, aunque nos releguen a un sitio apartado del desembarco para no perjudicar la foto de esta solidaridad suicida", indica. Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido a la Delegación del Gobierno que "impida y efectúe los correspondientes despliegues de seguridad" ante la protesta de "fuerzas vinculadas a la derecha extrema" y se garantice la seguridad de las personas que viajan en el Aquarius y de los operativos de las ONG y entidades de acogida.

Recuerda que la normativa reguladora en materia de derecho de manifestación permite que, aún autorizándose, ésta garantice en todo momento "el respeto al resto del ordenamiento jurídico" y que por cuestiones de orden e interés social "se puede garantizar que no se desarrolle en los espacios aledaños a, por ejemplo, el puerto o las propias dependencias en las que van a ser alojadas temporalmente las personas del buque".

La Red señala en un comunicado que a través de sus servicios jurídicos, y dentro del marco de su servicio de monitoreo de delitos de odio, se van a poner medidas para monitorizar cualquier manifestación o acto que pueda actuar contra los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio para impedir que puedan quedar sin denuncia.