La Universidad Complutense de Madrid ha decidido personarse como perjudicada en el caso judicial que investiga a Begoña Gómez, exdirectora de una cátedra universitaria y esposa del presidente del Gobierno, alegando que existe un posible "perjuicio económico" para la institución.
El centro considera que los hechos investigados, relacionados con la presunta apropiación indebida de un software desarrollado para la cátedra que dirigía Gómez, podrían haber lesionado económicamente los intereses de la universidad, aunque hasta el momento no existe una acreditación judicial firme del daño patrimonial.
La posición de la Universidad
Según el escrito presentado por la representación legal de la Complutense, la institución adopta esta postura para que, en caso de existir sentencia condenatoria, pueda reclamarse la correspondiente reparación económica o cualquier otra restitución pertinente: "considerando que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicada, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado".
El objeto central de la investigación
La causa se centra en el desarrollo de un software sufragado con fondos de empresas como Indra y Google, cuyo valor ascendía a más de 200.000 euros, y que fue puesto a disposición de terceros desde una web vinculada a Begoña Gómez. Las acusaciones sostienen que este acto pudo suponer un menoscabo patrimonial para la universidad, aunque la fiscalía no ha hallado pruebas de ánimo de lucro por parte de la imputada, dado que el programa se ofrecía de manera gratuita y no generaba beneficios comerciales.
Próximos pasos en el proceso judicial
La Universidad ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el traslado de todas las actuaciones para valorar futuras diligencias y la cuantificación concreta de los daños, en caso de que finalmente se constate el perjuicio. La UCM no ejercerá la acusación penal -por lo que no solicitará penas de prisión-, sino civil, en busca de una compensación económica o derecho de restitución si así lo determinan los tribunales.
Contexto y relevancia institucional
La decisión marca un punto de inflexión en la posición de la Universidad Complutense, que hasta la fecha había solicitado actuar como acusación solo si se acreditaba el daño económico. La medida responde al interés de proteger los recursos y el patrimonio de la entidad ante las posibles consecuencias judiciales derivadas del caso.
