Inmigración en la Unión Europea

La Comisión Europea dará a los países hasta 6.000 euros por demandante de asilo acogido

La Comisión Europea (CE) ha propuesto conceder a los países de la Unión Europea hasta 6.000 euros por cada demandante de asilo acogido desde los futuros "centros controlados" de inmigrantes, que de momento ningún Estado miembro se ha ofrecido a albergar.

ondacero.es

Madrid | 24.07.2018 18:23

Refugiados
Refugiados | World Bank Photo Collection

Bruselas comenzó este martes a concretar los detalles de esos "centros controlados", así como de las plataformas de desembarco en países de África, dos ideas que los mandatarios europeos respaldaron en la cumbre del pasado junio, para combatir la inmigración ilegal.

El objetivo de los centros será separar de manera más rápida y ordenada a las personas en necesidad de protección internacional de los inmigrantes irregulares; es decir, aquellos que no tienen derecho a permanecer en la UE y por tanto deben ser retornados.

Fuentes comunitarias explicaron hoy que los centros, que serán gestionados por los países que acepten voluntariamente albergarlos, podrán establecerse en cualquier Estado miembro y no solo en los situados en los de primera llegada, como Italia o España.

Además, podrán ser móviles, pasar de un país a otro y contarán con el respaldo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, de la Oficina Europea de Asilo y de Europol.

La UE facilitará en particular equipos formados por agentes fronterizos, intérpretes, expertos en asilo y funcionarios encargados de gestionar los retornos.

También asignará a los países una asistencia financiera completa, para cubrir todos los gastos operativos y de infraestructura de esos centros, y dará un apoyo económico de 6.000 euros por persona a cada Estado miembro que acepte acoger en su territorio a demandantes de asilo.

Además, se concederán 500 euros por persona para sufragar los gastos de traslados.

A efectos de verificar el funcionamiento de los centros controlados, Bruselas plantea poner en marcha un proyecto piloto "lo antes posible".

Las mismas fuentes explicaron que el objetivo es acelerar los trámites para que la fase inicial de registro de los inmigrantes se lleve a cabo en las 72 horas siguientes a su desembarco.

El proceso completo, que conllevará el traslado a otros países o los retornos cuando los inmigrantes no tengan derecho a permanecer en la UE, se completaría en el plazo de 4 a 8 semanas.

Por otra parte, la CE explicó que el objetivo de los "acuerdos regionales de desembarco" será facilitar un desembarco rápido y seguro a ambos lados del Mediterráneo a aquellas personas que hayan sido rescatadas según las normas del Derecho Internacional.

En particular, propone que todos los países europeos con costa en el Mediterráneo creen zonas de búsqueda y salvamento y centros de coordinación de salvamento marítimo.

Incide en particular en la necesidad de colaborar estrechamente con la Agencia de la ONU para los Refugiados, (ACNUR), y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para desarrollar esta iniciativa.

La CE insistió hoy en evitar que esta iniciativa conlleve un "efecto llamada".

Para establecer esas plataformas se trabajará con países terceros sobre la base de los acuerdos existentes, según la CE.

Fuentes comunitarias explicaron que primero se tratará la iniciativa a nivel de la UE y solo después se abordará con los países africanos del Mediterráneo.

El plan se afinará el próximo 30 de julio en una reunión en Ginebra entre la UE, ACNUR, la OIM, la Unión Africana y otros países.

Los embajadores de la UE tienen previsto debatir tanto el concepto de los centros de desembarco como el de las plataformas regionales de inmigrantes en una reunión que celebrarán este miércoles en Bruselas.

La ONG Oxfam calificó hoy los planes de Bruselas de "receta para el fracaso" y consideró que en lugar de impulsar este tipo de iniciativas, la UE debería cerrar de una vez por todas la reforma del sistema de asilo europeo.

Según la misma organización, los países de la Unión "tratan de nuevo de escapar de sus responsabilidades" con respecto a los países pobres, con una fórmula que "amenaza los derechos de las mujeres, hombres y niños" inmigrantes.