Las claves de la renuncia del Rey a su herencia

Una de las claves de estas fuertes decisiones de cortafuegos que Felipe VI ha tomado respecto a su padre, es que el propio comunicado de la Casa del Rey reconoce implícitamente que Don Juan Carlos ha podido manejar fondos no legales y que no se adecúan a los criterios de integridad que han de regir su actividad institucional y también "privada".

Y el hecho de que el propio rey Juan Carlos -al final del comunicado de Zarzuela- reconoce que no facilitó información a su hijo sobre dos fundaciones: Zagatka y Lucum, con lo que admite implícitamente su existencia.

Recordemos que la Fiscalía de Suiza ya había dado los primeros pasos para investigar operaciones y posibles testaferros en estas fundaciones una de las cuales, habría servido para que el rey emérito recibiera 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudi en los tiempos del rey Abdullá.

Según Zarzuela, fue en Marzo de 2019 cuando Felipe VI recibe el aviso de un bufete británico -los abogados de la amiga de su padre, Corina Larsen- "sin pruebas documentales" de que él aparece como beneficiario en estas fundaciones.

Felipe VI va a un notario en abril para levantar acta de que no le consta que exista ninguna sociedad, que su padre actuó sin su permiso y que renuncia a cualquier beneficio economico para él y para su hija Leonor. Un mes después, en mayo, Don Juan Carlos anuncia por sorpresa que deja toda actividad pública.

Ahora un año después, el Rey le retira la asignación de los presupuestos de la Casa Real tras publicarse en el diario The Telegraph la existencia de estas fundaciones, en una de las cuales presuntamente Don Juan Carlos habría recibido 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí.

La incógnita es qué va a hacer ahora Don Juan Carlos, si va a continuar residiendo en La Zarzuela mientras se resuelve todo, o no. Será el abogado Javier Sánchez-Junco quien llevará su defensa.

El hecho de que Felipe VI le retire la asignación, no afecta a su condición de miembro de la Familia Real y a que pueda seguir manteniendo el estatus jurídico que tiene desde su abdicación.