En España hay casi 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente, lo que hasta ahora llevaba consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.
Tras esta reforma legal, a ninguna persona con discapacidad se le podrá retirar en el futuro el derecho de sufragio -activo y pasivo-, y quienes estuvieran en esta situación a su entrada en vigor lo recuperarán de modo automático sin ningún tipo de gestión o trámite por su parte.
"Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley", precisa la disposición adicional que publica el BOE.
Con la publicación de esta Ley Orgánica que modifica la Loreg culmina un proceso de "propuesta, incidencia política y presión social" promovido desde hace años por el movimiento social de la discapacidad, según recuerda hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un comunicado.
Y con ello, añade el Cermi, se ha conseguido suprimir la "anomalía democrática que suponía que más de 100.000 personas estuvieran privadas en España del derecho de voto por razones asociadas a discapacidad".
La aprobación definitiva de esta reforma se produjo el pasado 21 de noviembre, cuando el Pleno del Senado aprobó por unanimidad esta reforma que, en palabras de los senadores, supone una "nueva conquista" en derechos para las personas con discapacidad que no "puede quedarse aquí" porque queda un largo camino por recorrer para alcanzar la plena inclusión social de este colectivo.
Estas 100.000 personas con discapacidad intelectual no han podido votar en las elecciones andaluzas del pasado domingo, pero sí podrán hacerlo en los próximos comicios que se celebren en 2019.