El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha expresado en el pleno del consistorio municipal que por su parte ha formulado un requerimiento al Gobierno de España "de dignidad y respeto" para que entienda que las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas no pueden ser tratados como "bultos".
"Hemos formulado un requerimiento al Gobierno que no es solo un requerimiento jurídico, es un requerimiento de dignidad, es un requerimiento de respeto a las personas, no es un requerimiento únicamente para que asuma las competencias, sino es un requerimiento para que entienda que las personas no pueden ser tratadas como bultos, que es lo que está haciendo con los solicitantes de asilo", ha explicado el primer edil madrileño.
Según ha explicado en su exposición, el Ayuntamiento tiene una red de acogimiento de 1.830 plazas, de las que 630 plazas son en recursos de personas que se encuentran en situación de emergencia social. Y de ese cupo ya hay 350 ocupadas por solicitantes de asilo.
La petición de este requerimiento por parte de la administración capitolina se excusa en que las solicitudes de protección internacional son de competencia estatal, y que si no reciben ayuda con este asunto les es imposible ocuparse de este conflicto aeroportuario.
"La vergüenza es la de un Gobierno de España que les va a recibir al puerto de Valencia y que cuando están en Madrid se desentiende, los deja tirados y nos obliga con los recursos de todos los madrileños a hacernos cargo", ha aseverado Almeida.
Un enfrentamiento entre administraciones que alarga el problema
Esto supone más leña para un fuego que lleva ardiendo muchas semanas entre las dos administraciones, y cuyas únicas soluciones hasta el momento pasan por la instauración de un control riguroso de las personas que entran en el aeropuerto por las noches por parte de Aena, empresa pública encargada de la gestión de los aeropuertos, y el compromiso por parte de esa compañía y del Ayuntamiento de la ciudad de realizar un censo de ese sector poblacional.
Los controles han obligado a muchas personas sin hogar a adelantar su llegada o buscar refugio en otras zonas del aeropuerto, como los aparcamientos o plantas subterráneas. Aunque las primeras noches transcurrieron sin incidentes graves, la medida ha evidenciado la falta de alternativas para quienes dependen del aeropuerto como único refugio seguro. La situación ha sido calificada de "delicada y grave", y ha acrecentado el cruce de acusaciones entre administraciones sobre la responsabilidad de ofrecer soluciones habitacionales.
Aena informó de que les consta entre 50 y 70 personas que duerman fuera, porque hace mejor tiempo porque llegan tarde y sobre todo porque les dejan dormir a su aire. Además aseguran que los controles se burlan llegando antes o no saliendo de Barajas, que esto ya ocurrió durante la crisis del Covid-19, donde hubo controles estrictos y mucha gente que no se fue a albergues monto un campamento en el parking del T4.
Más casos y un fuerte contraste entre la gestión de Madrid y Barcelona
Este conflicto que también comienza a ser notorio en otros aeródromos como el de Gran Canaria ha afectado a otras terminales con mucha afluencia como el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat de Barcelona, aunque la gestión contrasta de lleno por su rapidez y eficacia con la de Barajas.
La diferencia clave ha sido la coordinación entre administraciones: Generalitat, Aena y los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat firmaron un acuerdo para abordar el sinhogarismo de manera conjunta, asumiendo la Generalitat el liderazgo y garantizando atención social de urgencia, acompañamiento y derivaciones a recursos municipales o autonómicos.
Este enfoque ha permitido reducir drásticamente el número de personas sin hogar en El Prat, pasando de cientos a apenas unas decenas, y evitar la cronificación del problema. Equipos sociales permanecen en el aeropuerto para identificar y atender a quienes llegan, facilitando su derivación a recursos adecuados y evitando el efecto llamada. Las ONG y expertos atribuyen el éxito del modelo catalán a la voluntad política y la cooperación institucional, frente a la fragmentación y el bloqueo en Madrid.
El caso de Barajas pone de manifiesto que, a pesar de los recientes acuerdos para identificar a las personas sin hogar y los controles de acceso, la falta de una estrategia integral y de coordinación efectiva sigue impidiendo una solución real al problema. Mientras Barcelona ha demostrado que la colaboración entre administraciones y la intervención social coordinada pueden revertir la situación, en Madrid la respuesta continúa siendo parcial, reactiva y centrada en el control más que en la inclusión. El conflicto político y la ausencia de alternativas habitacionales perpetúan la presencia de cientos de personas sin hogar en el principal aeropuerto de la capital, sin visos de solución a corto plazo.
