El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) por la que las compañías telefónicas tendrán que bloquear las llamadas comerciales no consentidas de las empresas.
Tal y como ha explicado Bustinduy, las empresas van a estar obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, de tal manera que las compañías telefónicas puedan bloquear las llamadas de empresas que usen ese código.
"Vamos a obligar a que las empresas bloqueen las llamadas spam no consentidas. (...) Se trata de impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho a la privacidad de las personas", tal y como ha comentado el ministro desde el Congreso, antes del Consejo de Ministros.
Estas llamadas están prohibidas desde la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones en junio de 2023, sin embargo las empresas las siguen realizando porque se amparan en que el cliente da su consentimiento al aceptar las cookies de la web o que no ha pedido explícitamente que se retire el mismo.
Así es la nueva normativa contra las llamadas spam
Con este cambio anunciado por Bustinduy se reforma la Ley de Servicio de Atención a la Clientela.
- Las llamadas comerciales de las empresas solo podrán realizarse desde números con un prefijo concreto -todavía no se ha detallado cuál-.
- Las compañías telefónicas bloquearán de forma automática las llamadas que no tengan ese prefijo.
- El móvil avisará al usuario de que está recibiendo una llamada comercial, sin necesidad de filtros de terceros o aplicaciones externas.
Esta medida, además de suponer un cambio en la norma, también supone un transformación tecnológica, ya que las empresas deberán adaptar sus sistemas para que puedan identificar y bloquear automáticamente estas llamadas. Además, si las empresas no cumplen con la normativa podrán recibir reclamaciones legales de los consumidores, ya que estarían infringiendo la ley.
Otra enmienda para renovar el consentimiento cada dos años
Bustinduy también ha comentado que Sumar va a presentar otra enmienda para obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento de los usuarios para recibir llamadas y que se declaren nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas no consentidas.
Regular el tiempo máximo de espera en las llamadas telefónicas a un máximo de tres minutos o el derecho a que responda siempre una persona y no un contestador son otras de las medidas que ha explicado. "Esta ley será un hito en la defensa de los consumidores" ha añadido.
Aunque muchas empresas de telemarketing instalan sus call center fuera de España y utilizan una numeración internacional o sistemas VoIP, a partir del 7 de junio según el Gobierno, las operadoras también estarán obligadas a bloquear las llamadas y los SMS de origen internacional que empleen la técnica spoofing, esto es que hayan sido generados desde un número español -excepto si la persona está en roaming-.
Otra técnica que utilizan las empresas es, a través de un software, generar números rotatorios y cambiantes constantemente de tal manera que los sistemas de las operadoras no puedan identificarlos. Pero gracias al nuevo sistema, esto también se bloqueará.
Otras medidas ya presentadas
Estas enmiendas se unen a las anunciadas hace unos días por el PSOE y Sumar a propuesta de Consumo.
- Regular las suscripciones para evitar que sean automáticas: las empresas estarán obligadas a avisar a los usuarios con 15 días de antelación si desean cancelar la suscripción online de un servicio o aplicación
- Limitar las reseñas falsas online: solo podrá publicarse una reseña en los 30 días posteriores a la compra del bien, para asegurarse de que se trata de una opinión real y reciente y evitar la compraventa de reseñas. La empresa tendrá la posibilidad de replicar y pedir que se elimine siempre que pueda demostrar que no es real o verídica.
- Los gastos de gestión tendrán que incluirse en el precio: de esta manera el consumidor sabrá el precio total desde el principio y se evitará que las empresas avisen de estos precios al final del proceso de compra.
