También el Consejo de Ministros ha autorizado la primera campaña de este año para la concienciación contra la violencia machista, con 2,8 millones de euros de los 4,5 millones presupuestados en 2016 para este fin, ya que es "imprescindible" mantener la difusión de mensajes de "tolerancia cero" frente al maltrato que sufren las mujeres.
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado que, en los últimos meses, "son cada vez más numerosos los supuestos de acoso escolar", que en muchas ocasiones son "trágicos" para las familias.
Sáenz de Santamaría ha afirmado que hay que "erradicar" esta lacra y que la campaña que se va a poner en marcha es una acción de difusión, una "pieza clave del éxito" en este tema.
Aunque el Gobierno está en funciones, la vicepresidenta ha explicado que se ha autorizado esta campaña ya que cumple el requisito de vinculación con el interés general, en este caso con la protección de los menores, familias, equipos directivos y docentes.
El Gobierno la ha justificado también por la "urgencia", dado el "incremento del impacto mediático de la alarma social que se está produciendo en los últimos meses".
El coste de esta campaña de publicidad institucional de divulgación del teléfono para atender el maltrato asciende a 100.000 euros (15.000 en coste de producción y creatividad y 85.000 para la difusión y compra de emisión en medios).
Según un comunicado del Ministerio, se está ultimando la contratación del servicio de atención telefónica para estos casos, anunciado hace unos meses.
Educación también emprenderá otras dos campañas, una para promocionar el deporte olímpico en 2016 como parte del Plan ADO, y la de programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La del Plan ADO conlleva un "coste cero" para las arcas del Estado al ser realizada por empresas patrocinadoras, e incluida en la responsabilidad corporativa de RTVE.
El coste de la campaña de la UIMP es de 160.000 euros, para difusión de las condiciones de matrícula y becas de los cursos de este año.
El Ejecutivo ha precisado que la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, tras consultar a la Abogacía del Estado, ha establecido que la publicidad institucional no puede considerarse una actividad propia de un gobierno en funciones, por lo que "no cabe su aprobación con carácter general".
Por ello, la aprobación, contratación y difusión de estas campañas en este periodo debe analizarse y autorizarse caso por caso, siendo imprescindible para ello que se acredite "interés general" o un carácter reglado que no permita un ejercicio discrecional de la potestad de la administración.
