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Anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

Los abusos sexuales a menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla 30 años

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 28 de diciembre, el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas, ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores: empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años. Actualmente se cuenta cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

EFE | Madrid | 28/12/2018

Pedro Sánchez en su balance de fin de año 2018

Pedro Sánchez en su balance de fin de año 2018 / EFE

La intención de acometer un cambio legal para alargar el tiempo de prescripción de estos delitos ya fue avanzada hace unos meses por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran "imprescriptibles" o que la prescripción empiece cuando la víctima cumpla 50 o 30 años, eligiendo finalmente esta última opción.

La ampliación del plazo de prescripción lleva implícita la modificación del Código Penal y afecta a los delitos más graves que se cometan contra los menores, en los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad.

El anteproyecto normativo, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, según recalca el Gobierno.

Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena.