Más de cuatro décadas después del parto en el que perdió a su hija sin recibir explicación alguna, María Bueno ha conseguido lo que parecía imposible, que el Estado reconozca la existencia legal de la pequeña desaparecida en 1981 en un hospital de la provincia de Cádiz. Se trata de un paso inédito en la historia del caso de los bebés robados en España, y ha sido posible tras más de 15 años de lucha desde la Asociación Alumbra y la Plataforma Internacional Te Estamos Buscando, que ella misma preside.
Esta decisión, no borra el dolor
Para María, es un momento que no borra el dolor, pero sí valida años de lucha. "Aunque no sé dónde está, sé que hoy el mundo la reconoce como lo que siempre fue: una persona", afirma. "Mi hija ya no es un despojo humano sin nombre. Tiene identidad", añade.
Un caso que refleja una tragedia compartida
La historia de María Bueno no es una excepción. Se suma a los más de 300.000 casos que, según asociaciones de víctimas, se han documentado a lo largo del tiempo en hospitales españoles, tanto públicos como privados. Durante décadas, el sistema permitía que recién nacidos que morían durante el parto o supuestamente lo hacían fueran clasificados como "criaturas abortivas".
Esa definición legal, vigente durante años, impedía que esos bebés tuvieran nombre, registro oficial o derecho civil alguno. Muchos jamás fueron enterrados, ni dejaron rastro documental alguno. Eran invisibles.
No recibió parte de defunción
María no recibió parte de defunción, ni vio el cuerpo de su hija, ni le fue entregado ningún informe médico. Tampoco existe constancia de un entierro. Durante años denunció que su bebé no había muerto, sino que fue robada. Lo hizo sin pruebas físicas, pero con la firme convicción de que detrás de esa desaparición había una estructura que aún hoy permanece impune.
De la dictadura al negocio ilegal
Lo que comenzó en la posguerra con motivaciones políticas separar a hijos de republicanos para entregarlos a familias afines al régimen franquista evolucionó con los años hacia una red de adopciones ilegales movidas por intereses económicos. Mujeres jóvenes, solteras o en situación de vulnerabilidad eran informadas de que sus hijos habían muerto al nacer. Se les impedía ver los cuerpos y se recurría a explicaciones médicas confusas.
La falta de documentación oficial y la opacidad institucional convirtieron esta práctica en un fenómeno casi imposible de demostrar. Durante la democracia se han seguido descubriendo casos hasta bien entrados los años noventa. La ausencia de reformas legislativas durante décadas consolidó un sistema que protegía estas irregularidades con silencios administrativos y vacíos legales.
Apoyo de organizaciones
La decisión del Registro Civil ha sido acompañada del apoyo de organizaciones como FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón), que lleva años defendiendo los derechos humanos y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas en España.
