El requerimiento formal que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) para que le remita en diez días datos de afectadas por fallos en los cribados de esta enfermedad ha vuelto a enfrentar este viernes al Gobierno central con el de la Junta.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado al PP por "atacar" a las víctimas de los fallos del programa de cribados: "Da igual si es un atentado terrorista, un desastre climático o una incompetencia sanitaria. La primera regla del PP siempre es atacar a las víctimas", ha publicado en su perfil de X.
También desde el Ejecutivo central, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado "lamentable y absolutamente reprochable" que la Junta pretenda, a su juicio, "criminalizar" a la asociaciones de mujeres que destaparon los fallos en los programas de cribados del cáncer de mama.
"Me parece lamentable que tengan que estar en el punto de mira porque Sanz (consejero de Sanidad) y Moreno Bonilla (presidente de la Junta) están contribuyendo a que estas mujeres sufran doble victimización: por ser sufridoras de este retraso inasumible que se ha producido con riesgo a su salud y porque tengan que estar todo el día dando explicaciones porque la Junta las cuestiona", ha sentenciado la también secretaria general del PSOE andaluz.
Réplica de la Junta
Las críticas por parte de García y Montero han sido respondidas por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha replicado a la ministra del ramo que se equivoca: "Proteger y atender a las mujeres jamás puede ser atacarlas. Es un acto de responsabilidad. Usted solo entiende de confrontación", ha publicado en X.
"Lo que no ayuda a las mujeres es que el Ministerio defienda cifras no verificadas ni oficiales que pueden generar alarma social y dañar la confianza en el sistema sanitario. En salud pública no vale todo. Más prudencia y menos electoralismo", ha indicado el consejero.
Requerimiento formal del SAS
Según recoge el requerimiento del SAS, al que ha tenido acceso EFE este viernes, este se formula para garantizar una revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la administración sanitaria y evitar "alarma social" derivada de la difusión de cifras o afirmaciones "no verificadas".
El escrito que firma la directora gerente del SAS, Valle García, traslada a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, que su asociación ha señalado la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en pruebas diagnósticas "en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por la administración sanitaria".
Papel de Amama en la crisis de los cribados
Amama ha sido el colectivo asociativo que comenzó a canalizar los primeros testimonios de mujeres con retrasos en los diagnósticos y los tratamientos en el programa de cribados de cáncer de mama.
Tras estudiar hasta el momento más de 220 casos de distintas mujeres, ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en nombre de víctimas por los retrasos en la comunicación de resultados del cribado del cáncer, de acuerdo al último balance hecho público esta semana por su presidenta.
De momento, desde la Asociación Amama no han trasladado un pronunciamiento público al requerimiento de la Junta y han asegurado a EFE que están "trabajando en la respuesta" dentro del plazo que tienen de diez días.
