En la misma operación, las autoridades han readmitido a 3.181 policías que habían sido suspendidos por presuntos vínculos golpistas, y que Ankara consideraba una posible amenaza para la seguridad nacional.
Desde el 15 de julio, más de 13.000 agentes de policía han sido suspendidos por la Dirección General de Seguridad, de los cuales 2.500 eran oficiales de alto rango, mientras que 127.000 funcionarios han sido despedidos o apartados temporalmente del servicio.
Las autoridades turcas han detenido, además, a unas 50.000 personas, de las que 32.000 han pasado a prisión preventiva, muchas de ellas policías, militares, jueces, profesores, periodistas y funcionarios, acusadas de estar vinculadas a lo que el Gobierno llama Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ).
La cofradía de Gülen es una red de simpatizantes del predicador, que hasta 2013 ocupaba perfiles clave en la judicatura y administración turca con el respaldo del Gobierno turco.
