Bajo la propuesta, ideada por el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, los inmigrantes que en el pasado se hayan beneficiado de los programas de asistencia social, incluida la Seguridad Social o la ley de sanidad, no podrían optar a la ciudadanía ni a la residencia permanente. Tampoco podrían aquellos que hayan obtenido alguna asistencia para el cuidado de algún miembro de la familia o por discapacidad, ni siquiera si alguno de sus parientes ya es ciudadano de Estados Unidos.
Según el canal, que cita "cuatro fuentes con conocimiento del plan", la Casa Blanca envió un borrador de la propuesta al Registrador Federal, el último paso antes de que se publique para recibir comentarios de la población. "La Administración está comprometida a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense asegurando que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en EE.UU. sean autosuficientes", dijo a la cadena un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés). Agregó que "cualquier cambio propuesto garantizaría que el Gobierno tome en serio la responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos de los contribuyentes y adjudique las solicitudes de beneficios de inmigración de acuerdo con la ley".
En una declaración por separado, los Servicios de Aduanas e Inmigración (USCIS, en inglés) negaron que se hayan implementado nuevas restricciones a las solicitudes de residencia permanente, pese a las denuncias de abogados de inmigración y activistas de derechos civiles de que son denegadas con más frecuencia que antes. "Al contrario de (lo que dicen) los defensores de las fronteras abiertas, los abogados y activistas de inmigración, USCIS no ha cambiado la manera en que se han adjudicado las solicitudes de naturalización", dijo el portavoz de USCIS, Michael Bars, según NBC. "Rechazamos los reclamos falsos e inexactos de aquellos que prefieren que EE.UU. haga la vista gorda ante casos de inmigración ilegal, fraude, tráfico humano, actividad de pandillas y proliferación de drogas a expensas de la seguridad pública, la integridad de nuestras leyes y su fiel ejecución", indicó Bars.