El expresidente venezolano Nicolás Maduro firmó el Decreto N° 5.200 de "Estado de Conmoción Exterior"horas antes de su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, habilitando al régimen chavista para detener sin orden judicial a cualquier persona que apoye la intervención de EE.UU., restringir libertades fundamentales y concentrar poderes absolutos en el Ejecutivo.
Delcy Rodríguez, juramentada presidenta encargada el 5 de enero por la Asamblea Nacional controlada por el PSUV, refrendó y activó esta medida extrema, publicada en Gaceta Oficial N° 6.954-E, que suspende garantías constitucionales ante la "agresión imperialista" tras la detención de Maduro y Cilia Flores por narcotráfico. Este régimen de excepción, invocado más de 30 veces en dos décadas, transforma Venezuela en un territorio de control militarizado donde la disidencia equivale a traición penal.
Definición legal y poderes ilimitados
El "estado de conmoción" está regulado por los artículos 338 y 339 de la Constitución venezolana de 1999, que permiten al Presidente declarar esta excepción por 60 días prorrogables indefinidamente en casos de "grave alteración del orden público" o amenazas externas, como la captura de Maduro calificada de "invasión".
Durante su vigencia, el Ejecutivo puede limitar derechos como la libertad de expresión, tránsito, reunión y propiedad privada; intervenir empresas públicas y privadas, especialmente petroleras como PDVSA; reasignar presupuestos sin aprobación de la Asamblea Nacional; y desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para "defender la soberanía" sin control parlamentario ni judicial pleno. La norma explícita autoriza detenciones preventivas de "ciudadanos que apoyen o promuevan acciones contra la patria", interpretado por Rodríguez como cualquier respaldo al operativo estadounidense, con penas que alcanzan cadena perpetua por "traición a la patria" bajo leyes antiterroristas.
Cronología del decreto en la crisis actual
Maduro rubricó el documento anticipando el cerco de fuerzas especiales de EE.UU. que irrumpieron esa noche, según fuentes del régimen, lo que permitió su publicación inmediata pese a su extradición inmediata a Nueva York. Delcy Rodríguez asumió en sesión extraordinaria de la Asamblea, juramentada por su hermano Jorge Rodríguez como presidenta interina, y en su primer discurso invocó el conmoción para ordenar "capturas inmediatas" de opositores, periodistas o influencers que celebraran la caída de Maduro, mostrando una "prueba de vida" del detenido para desmentir rumores de ejecución sumaria.
En Caracas se reportan al menos 47 detenciones en 48 horas bajo esta facultad, incluyendo líderes estudiantiles y exiliados retornados, mientras sobrevuelan drones militares y Rusia despacha buques para escoltar petroleros venezolanos amenazados por sanciones.
Precedentes históricos y uso sistemático
Desde la llegada de Hugo Chávez en 1999, Venezuela ha decretado conmoción o emergencia 32 veces, prorrogadas hasta 780 días acumuladas, convirtiéndolo en herramienta estructural para evadir checks and balances: en 2019 justificó apagones masivos; en 2020, la pandemia; y en 2024, protestas postelectorales.
Bajo Maduro, sirvió para censurar medios (como en 2017 contra CNN), expropiar industrias y perseguir a la oposición, con la Corte Suprema de Justicia —leal al chavismo— validando siempre su constitucionalidad pese a críticas de la OEA y ONU por violaciones sistemáticas a derechos humanos. Ahora, en la era Rodríguez, amplía detenciones bajo el delito de "apología del delito imperialista", equiparando apoyo a Trump con conspiración terrorista.
Reacciones de Delcy Rodríguez y tensiones globales
"Este estado de conmoción exterior es la herramienta constitucional para defender la Revolución Bolivariana del secuestro de nuestros héroes", declaró Rodríguez en su asunción, prometiendo "paz armada" y llamando inicialmente a diálogo con el reelegido Trump, quien respondió que "Venezuela pagará caro si no libera presos políticos y petroleras para Chevron".
El régimen denuncia bombardeos selectivos en zonas chavistas de Caracas y sobrevuelos de cazas F-35, atribuidos a la CIA, mientras analistas advierten que esta excepción acelera la transición interina pero arriesga colapso económico por fuga de capitales y parálisis petrolera. Opositores exiliados como María Corina Machado celebran desde Bogotá el "fin de una era", pero temen una purga mayoritaria bajo el manto legal del decreto.
