Pascale Coissard, responsable del departamento de emergencias de Médicos Sin Fronteras, ha explicado en cuál es la situación actual en la Franja de Gaza cuatro meses después del alto el fuego firmado en octubre de 2025. Desde entonces, al menos 376 palestinos han muerto, una cifra que se suma a los más de 70.000 fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.
Según Coissard, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente grave. La población afronta ya su tercer invierno viviendo en tiendas de plástico, en condiciones muy precarias que provocan un rápido deterioro de la salud. Aunque en las últimas semanas ha entrado una cantidad limitada de ayuda humanitaria, principalmente alimentos transportados por camiones controlados, resulta claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Israel amenaza con prohibir la actividad de 27 ONG
El escenario podría empeorar de forma drástica en el corto plazo. Un total de 37 ONG podrían verse obligadas a cesar su actividad a partir del 1 de marzo si no logran renovar sus permisos y cumplir con las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno de Israel. Coissard ha subrayado que estas organizaciones prestan servicios humanitarios esenciales para la población gazatí. En el caso de Médicos Sin Fronteras, la ONG proporciona una de cada cinco camas hospitalarias, atiende uno de cada tres partos, mantiene múltiples intervenciones médicas diarias y distribuye cientos de millones de litros de agua potable.
"Si no renovamos nuestro registro, el impacto será devastador", ha advertido. La infraestructura civil y sanitaria de Gaza está en gran parte destruida y, según Coissard, no existe ninguna alternativa capaz de sustituir el trabajo de las ONG. "Eliminar a las organizaciones humanitarias de Gaza sería terrible", ha insistido.
Pese a las dificultades, MSF asegura que sigue trabajando y negociando para poder permanecer en el territorio. La organización ha criticado en varias ocasiones las políticas del Gobierno israelí y ha cuestionado algunas de sus afirmaciones, que considera no ajustadas a la realidad. Entre los principales puntos de fricción se encuentran las exigencias sobre el acceso a datos personales y las obligaciones legales de la ONG como empleadora.
Según Coissard, el Gobierno de Israel exige información detallada de todo el personal, tanto extranjero como palestino, lo que plantea serias implicaciones en materia de protección de datos y compromisos legales con otros países. MSF ha solicitado reuniones para abordar estas cuestiones, pero asegura que no ha recibido respuesta.
A pesar de todo, Coissard tiene previsto regresar a Gaza este mismo mes. Ha expresado su deseo de volver a trabajar junto a sus compañeros palestinos, a quienes ha destacado por su papel clave en el mantenimiento de las condiciones mínimas de salubridad para la población en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
