La prohibición del uso y comercialización de las bolsas de plástico en Marruecos, que será efectiva a partir del próximo viernes 1 de julio, genera inquietud entre los usuarios y los profesionales del sector.
La nueva normativa, aprobada por las dos cámaras del Parlamentos en noviembre de 2015, prohíbe la producción de todo tipo de bolsas plásticas -excepto las de uso industrial y agrícola o las de desechos-, su importación, exportación y comercialización, y establece sanciones y multas para los infractores.
Según las cifras del Ministerio de Industria, Comercio e Inversión, Marruecos es el segundo consumidor mundial de las bolsas de plástico, después de Estados Unidos, con 26.000 millones de bolsas anuales, lo que supone que el consumo per cápita llega a 900 bolsas. El ministerio añade que 120.000 toneladas de plásticos no recuperables acaban cada año en la basura sin el menor control, afeando así el paisaje de todo el país.
Para sensibilizar al público, en los días previos a la puesta en marcha de la nueva normativa, varias ONG defensoras del medio ambiente han promovido en varias regiones campañas de recogida de bolsas de plástico.
La campaña tiene en paralelo otra de sensibilización en las redes sociales y en las televisiones, que anima a usar alternativas como las bolsas de papel, las tradicionales cestas de mimbre o esparto y los carros de compra. Numerosas políticos y artistas marroquíes se han sumado a esta campaña publicando autoretratos con cestas de esparto o rafia en sus cuentas de las redes sociales para llamar a terminar con las bolsas de plástico.
Por su parte, el Ministerio de Interior difundió una circular a todos los gobernadores del país para difundir la campaña "Zero Mika" (mika es el nombre árabe de la bolsa común), y recoger estas bolsas para luego quemarlas en las fábricas de cemento.
La principal resistencia a la nueva política puede ser cultural, pues entre el consumidor marroquí está muy arraigado el hábito de envolver sus diferentes compras en bolsas de varios tamaños y colores, que son ofrecidas sin costo alguno por los comerciantes en zocos y tiendas de barrio.
Pero está además el costo social: los profesionales del sector del plástico, que genera un volumen de negocios anual de 11.000 millones de dirhams (unos 1.000 millones de euros) rechazan la medida por considerarla injusta y porque a ellos no les han dado alternativas.
Más de 200 trabajadores del sector del plástico se congregaron frente al Parlamento para pedir una moratoria de la entrada en vigor de la nueva ley con el fin de encontrar alternativas para las empresas del sector de plástico. "La ley 77.15 no toma en cuenta de forma seria la dimensión social a la hora de su aplicación. Esta normativa entra en vigor el 1 de julio y a partir de ese día las empresas cerrarán sus puertas", dijo el representante de la coordinación nacional de los profesionales del sector de plástico, Aziz Darwich, en declaraciones a la prensa. Según cifras de Darwich, más de 850 empresas trabajan en este sector y emplean a 50.000 personas que según él se van a ver perjudicadas con la nueva medida.
El Ministerio de Industria indicó recientemente que piensa orientar la actividad del sector de plástico hacia la fabricación de sacos biodegradables que apoyará con un presupuesto de subvenciones de 200 millones de dirhams (18.000 euros). También añadió haber programado ayudas para el sector informal de plástico, que produce la mayor parte de estas bolsas, con la condición de que regularicen su situación.
Además de Marruecos, otros países en la zona han aprobado también legislaciones similares, como Senegal, Mali, Mauritania, Togo, Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea Bissau y Níger.
La Unión Europea también aprobó el pasado mes de abril una directiva para restringir el uso de las bolsas de plástico, salvo las que sean muy ligeras y se utilicen, por ejemplo, para proteger los alimentos.
