El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que está "obligado a cumplir" con la sentencia del Supremo y que entregará a este tribunal la ley de presupuesto del año 2017 y no a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en vista de que la Cámara, supuestamente, ha desacatado la Constitución.
"La máxima Sala Constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia ayer y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", dijo Maduro durante un acto que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
El presidente indicó que el viernes convocará a una "asamblea popular del congreso de la patria" y aprobará "por decreto ley" el presupuesto del año 2017 que entregará al TSJ "para garantizar los derechos del pueblo". "Así lo anuncio, así lo haré, respetando la Constitución", dijo.
Señaló que no puede entregar la llamada Ley de Endeudamiento ante el Parlamento porque, supuestamente, "la Asamblea Nacional está en desacato a la Constitución, está fuera de la ley, está insurrecta" y por ello decidió hacer una consulta ante el TSJ para saber "qué debía hacer como jefe de Estado".
"El presupuesto tiene que ser aprobado, del presupuesto depende el dinero para ustedes muchachos para que funcionen las escuelas, los liceos, las universidades, del presupuesto depende la construcción de viviendas para nuestro pueblo", dijo.
La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto del año siguiente antes del 15 de octubre del año anterior y por primera vez este documento será entregado a otra institución, en este caso al Supremo. "La Asamblea Nacional decidió tomar el camino del atajo, abandonó el camino de la Constitución y está frente al abismo, la Asamblea Nacional está a un paso de autodisolverse", comentó.
La oposición venezolana rechazó la sentencia y calificó de "inconstitucional" la decisión del Supremo que dictaminó que el jefe de Estado puede presentar el presupuesto de 2017 ante la Sala Constitucional de la corte por el supuesto "desacato" del Parlamento de mayoría opositora a sus sentencias.
"Ese es un presupuesto totalmente inconstitucional y todo cuanto se gaste a través de ese presupuesto aprobado en violación de la Constitución por un organismo que no tiene entre sus facultades aprobar el presupuesto como es la Sala Constitucional carece de toda validez y de toda legitimidad", dijo el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup.
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, el economista José Guerra, dijo que la decisión del TSJ es "muy grave para el país" porque se está cometiendo una "ilegalidad" y por ello mismo, asegura, se obstaculizará la financiación interna y externa.
Aseveró que el año que viene se cerrará la financiación nacional e internacional "porque nadie va a adquirir un bono de la deuda pública nacional si este bono no está respaldado en la Ley de Endeudamiento que tiene que aprobar la Asamblea Nacional".
