La ley, aprobada en julio de 20017, obliga a los pequeños a que estén vacunados para poder acudir a las escuelas. La normativa también afecta a los menores de entre 6 y 16 años, aunque con tiempos diferentes. La ley recoge también que los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos podrán ser multados con sanciones económicas.
En el nuevo Ejecutivo hay una posición mucho más laxa frente a estos tratamientos preventivos, por lo que estudia cambiar la ley para que la obligatoriedad sea sólo en casos de emergencia sanitaria.