El Tribunal Superior de Londres ha rechazado este mismo juevesla petición del Gobierno de España de anular el registro en Inglaterra del laudo arbitral Antin, que obliga a nuestro país a pagar la cifra de 120 millones de euros a unos inversores perjudicados en 2013 cuando se redujeron unas ayudas de 2007 a la energía renovable.
El juez, Peter Fraser, ha desestimado los argumentos de que tenía "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía )TCE) de 1994.
"España ha fracasado"
Aunque el dictamen puede ser recurrido, valida la orden de registro firmada el 29 de junio de 2021 por Sara Cockerill del llamado laudo Antin, que fue emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial.
No existen motivos adecuados para anular la orden o negarse a reconocer el laudo
"Los argumentos planteados por España en su solicitud se han basado en la falta de jurisdicción o inmunidad, la carencia de un acuerdo de arbitraje, la invalidez del laudo y la no divulgación (de toda la información) a la jueza que emitió la orden. No existen motivos adecuados para anular la orden o negarse a reconocer el laudo. España ha fracasado", dice Fraser en su fallo.
Cambio en el sistema de primas a la energía renovable
Esto acerca a los receptores del laudo, Infraestructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energía Termosolar B.V, a poder cobrar su deuda mediante activos españoles en Inglaterra.
Asimismo, se ha emitido una orden preliminar del Superior para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora 'The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association' por el vertido del Prestige en 2003.
España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, tras su reforma del sistema de primas a la energía renovable, con reclamaciones por unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.
