Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados avalaron el fallo del juez texano, lo que supone un duro revés de la Justicia a la agenda de Obama en materia migratoria y pone en riesgo el futuro de medidas de alivio migratorio como la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).
DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales. Las iniciativas fueron impugnadas en un tribunal por 26 estados, en su mayoría republicanos, que lograron una victoria cuando el pasado febrero un juez federal en Texas decidió darles la razón y suspender los programas.
En abril el juez se negó a levantar provisionalmente la suspensión mientras el caso se resolvía en el Circuito de Apelaciones, que el pasado julio realizó una audiencia pública. En ella, el Departamento de Justicia, en representación de la Administración Obama, defendió la validez y legalidad de los programas migratorios, mientras que representantes de los 26 estados demandantes solicitaron que se mantuviese la suspensión.
Nada más conocerse el fallo, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez admitió que éste puede ser "decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras", pero que en ningún caso es "una sorpresa". "El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA", indicó el senador, en referencia a una hipotética apelación por parte de la Casa Blanca a la corte más alta de EE.UU.
