Tras la audiencia inicial, el juez que lleva el caso "determinó vincular a proceso al esposo" por homicidio calificado, arrestado el martes en el nororiental estado de Tamaulipas, y "fijó prisión preventiva de dos años como medida cautelar", detallaron.
Además, concedió "un plazo de tres meses para investigación complementaria".
Las fuentes señalaron que la audiencia inicial del caso tuvo una duración de poco más de 15 horas y en ella el detenido, mexicano y criminólogo de profesión, negó estar implicado en la muerte de la joven valenciana.
En declaraciones a los medios, el abogado de Fernández, Martín Lozano, expresó hoy su desacuerdo con la decisión del juez de vincular a proceso a su cliente y decretar la medida cautelar de prisión preventiva.
"Estamos analizando la estrategia a seguir y, en su caso, qué acciones recursivas podríamos intentar", afirmó tras señalar que esta medida "es provisional".
"Todavía no llegamos al juicio y probablemente no lleguemos al juicio, porque hasta lo considerado en este momento no hay caso", aseveró el letrado, y explicó que el juez otorgó solo tres de los cinco meses solicitados por la fiscalía para continuar con la investigación, después de que la defensa estimara excesivo ese plazo.
El caso de Pilar Garrido, desaparecida el 2 de julio pasado en Tamaulipas y hallada muerta semanas después en un descampado, dio este martes un vuelco de 180 grados cuando el fiscal estatal, Irving Barrios, anunció la detención de Fernández como probable responsable del asesinato.
El portavoz de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo hoy a Efe que la captura se produjo este martes durante una "cita habitual" con Fernández, quien desde que interpuso la denuncia de la desaparición de Garrido estuvo acudiendo a comparecencias ante la Fiscalía.
De acuerdo con la versión inicial que Fernández ofreció a las autoridades, la pareja fue interceptada en una carretera por un vehículo del que salieron dos hombres, quienes tras intentar robar el coche, terminaron llevándose a Garrido.
Rodríguez explicó que Fernández incurrió en contradicciones en sus declaraciones, sobre todo "en cuanto a tiempo y recorridos que hizo" desde el lugar donde supuestamente la pareja había sido interceptada en su regreso a Ciudad Victoria, la capital estatal, tras disfrutar de un descanso en el balneario de La Pesca.
Al detectar dichas contradicciones, se modificó el área de búsqueda de la joven hasta dar con ella "prácticamente en la orilla" de la carretera, exactamente en la dirección contraria a Soto La Marina, el lugar hacia donde -según Fernández- habían huido los dos hombres con Pilar, precisó.
Pero, en opinión del portavoz, la "evidencia más fuerte es el tipo de muerte: asfixia por estrangulamiento" de la joven, ya que no no corresponde con los patrones de los grupos criminales que operan en el estado y "mucho menos en esa zona".
Según los exámenes periciales, la muerte se produjo tras un golpe en la nariz que hizo perder el equilibrio a Garrido, quien cayó sobre una superficie dura, golpeándose en la región occipital del cráneo.
Una vez en el suelo fue estrangulada y por ello el cadáver presentaba una factura del hueso hioides, ubicado a la altura de las vertebras cervicales.
El 26 de julio se encontraron unos restos óseos en un paraje cercano al lugar de los hechos y las pruebas de ADN demostraron semanas después que eran los de Garrido.
Sobre el móvil, Rodríguez dijo que todavía "no está planteado propiamente", si bien señaló que durante entrevistas realizadas a diferentes personas en el marco de la investigación "hubo quienes refirieron que la señora tenía intención de vivir en España y llevarse a su hijo".
