Los mandatarios, que han señalado que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, han firmado la Declaración de Lima, que alerta de la "violación sistemática" de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y recrimina al Gobierno de Nicolás Maduro la existencia de presos políticos en el país.
El documento, que ha sido firmado por los doce países, recoge las 16 demandas realizadas por estos países al Gobierno de Nicolás Maduro, según han indicado en un comunicado conjunto.
En un intento por contribuir a la "restauración de la democracia", los estados han ofrecido su "pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa" y han alertado de que Venezuela "no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".
Asimismo, han rechazado el uso de la fuerza y han reiterado su "decisión de seguir aplicando la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela", así como de ofrecer su apoyo a "la decisión de Mercosur de suspender al país" del proceso de integración regional.
Según el texto, estos países "declaran su decisión a no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales" y "su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas".
Por otra parte, los ministros de los diferentes países han solicitado que se posponga la celebración de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.