Confirman las condenas a exagentes chilenos por la masacre de una familia en 1975

La Corte Suprema de Chile ratificó una pena de 20 años de prisión para tres exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet que en noviembre de 1975 asesinaron a seis miembros de una familia, dos de ellos mujeres, informaron fuentes judiciales. En un fallo dividido, la II Sala del máximo tribunal chileno confirmó el fallo dictado en primera instancia por el juez especial Leopoldo Llanos y ratificado el pasado 1 de abril por la Corte de Apelaciones contra el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, el excoronel Rolf Wenderoth Pozo y el exsuboficial Basclay Zapata, como autores de la muerte a tiros de las víctimas.

Según pudo establecer el juez, entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975 la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Augusto Pinochet, secuestró, torturó y asesinó, simulando un enfrentamiento, a Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez.

Los hechos siguieron a un enfrentamiento en una villa militar de Santiago en el que murieron un soldado y Roberto Gallardo Moreno, un integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización que resistió con las armas a la dictadura. En las horas siguientes fueron detenidos en sus domicilios todos los familiares de Gallardo por la Policía de Investigaciones, que los interrogó, torturó y liberó posteriormente a algunos, excepto a Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Mónica Pacheco Sánchez, que fueron entregados a la DINA y trasladados hasta el cuartel "Villa Grimaldi".

En ese centro de torturas y exterminio, el mismo día, habían sido torturados hasta la muerte otros dos detenidos, Manuel Reyes Garrido, militante del MIR, y Pedro Cortés Jélvez, del Partido Comunista. En la madrugada siguiente, tras torturas aplicadas a su madre y tres hermanos, fue detenido Luis Andrés Ganga, trasladado también a la Villa Grimaldi.

La investigación judicial determinó que los cadáveres de las seis víctimas fueron llevados por un grupo de agentes al mando del capitán Germán Barriga Muñoz al sector rural de Rinconada de Maipú, al suroeste de Santiago, donde escenificaron un enfrentamiento ficticio con "extremistas", que fue transmitido por la televisión oficial.

En la parte civil, la Corte de Apelaciones ordenó al Estado chileno pagar una indemnización de 680 millones de pesos (1,038 millones de dólares, aproximadamente) a los familiares de las víctimas. Durante la dictadura de Pinochet, según datos militares, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.