La cautelar que beneficia a Lula da Silva puede liberar a unos 169.300 presos en Brasil
Unos 169.300 presos en todo Brasil, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pueden ser liberados con base en la cautelar dictada por un magistrado de la Corte Suprema y que ordena la libertad de quienes tan sólo han sido condenados por tribunales de segunda instancia.
El cálculo, divulgado por la estatal Agencia Brasil, es de Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano consultivo del Poder Judicial, y equivale al 23,9 % de los cerca de 706.000 personas que actualmente están presas en el país.
Entre los presos que pueden solicitar su libertad con base en la cautelar figuran 18 empresarios y políticos condenados, así como Lula, en el marco de la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
La cautelar del magistrado Marco Aurelio Mello ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por los tribunales de tercera y de cuarta instancia.
La medida se apoya en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida puede beneficiarle, igual que a otros políticos presos por corrupción.
Los abogados del expresidente, así como los de algunos conocidos empresarios y políticos presos por corrupción, ya presentaron recursos para exigir la inmediata liberación de sus clientes, y esperan que puedan ser cumplidas este mismo miércoles o en los próximos días.
Según los datos del CNJ citados por la Agencia Brasil, casi la cuarta parte de los presos en el país están encarcelados bajo el régimen de ejecución provisional de la condenación, es decir que aún pueden presentar recursos ante tribunales superiores.
"Se trata de una decisión que tendrá efectos catastróficos para la Justicia en Brasil. Su impacto es múltiple y beneficiará a miles de personas, no sólo a Lula", afirmó Deltan Dallagnol, el jefe del equipo de fiscales responsables por la Operación Lava Jato.
Pese a que la decisión es de cumplimiento obligatorio, la liberación no es automática y depende de que el abogado de cada preso presente el respectivo recurso y de que el juez responsable por el caso se pronuncie favorablemente.
De la cautelar tan sólo están excluidos los presos que fueron encarcelados en cumplimento de órdenes de detención preventiva, es decir cuando el juez consideró que es mejor recluirlos para "garantizar el orden público o el orden económico, por conveniencia de la instrucción criminal o para garantizar la aplicación de la ley penal, y cuando existen pruebas de existencia del crimen e indicio suficiente de autoría".
La Fiscalía General de Brasil ya presentó un recurso de apelación con carácter de urgencia contra la polémica cautelar y espera que el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, se pronuncie este mismo miércoles sobre el asunto para "restablecer la seguridad jurídica".
"A fin de evitar una grave lesión al orden y la seguridad", la titular de la Fiscalía, Raquel Dodge, le pidió al Supremo "la suspensión" de la cautelar hasta que sea juzgada en el pleno del tribunal, lo que solamente podría ocurrir a partir de febrero de 2019, cuando concluirá un receso judicial que comenzó hoy mismo.