La presidente de Perú, Dina Boluarte, se ha visto envuelta en un fuerte escándalo político después de conocerse que las autoridades peruanas están investigando la adquisición de varios relojes de lujo, presunta sin declarar. La noticia se dio a conocer ayer, cuando la Fiscalía registró el domicilio de la dirigente política e incautó un vehículo de la marca Honda. El Ministerio Público ya había abierto una diligencia preliminar para investigar el asunto el pasado 18 de marzo.
Registro en la casa de Boluarte y en el Palacio Presidencial
La presidenta había sido llamada a declarar el pasado miércoles, por el fiscal adjunto de Perú, Hernán Mendoza. y al no acudir Boluarte a la cita las autoridades procedieron con el registro del domicilio y del Palacio Presidencial. Cabe destacar que las autoridades tuvieron que acceder por la fuerza al domicilio, localizado en el distrito limeño de Suquillo, tras no recibir respuesta de los ocupantes. Un día después de este polémico la dirigente parece querer cortar de raíz la polémica ofreciendo su declaración a la Fiscalía.
"Acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación", reza el comunicado que los abogados han transmitido a la Fiscalía del país latinoamericano. Hasta ahora, la defensa de Boluarte afirma que, si la presidente no acudió a declarar con anterioridad, se debe a la apretada agenda presidencial que debe afrontar.
El Gobierno considera al registro "inconstitucional"
Boluarte cuenta con el apoyo de su Gabinete. Gustavo Adriazén, primer ministro, afirmó junto a otros miembros del Ejecutivo y el abogado de la presidencia que el registro fuer una medida desproporcionada e ilegal: "Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática y de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad", apuntó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
El Ejecutivo ha adoptado el discurso de Boluarte, que afirma estar siendo víctima de una campaña de acoso promovida por los medios de comunicación desde hace meses. Ha afirmado que solo ofrecerá explicaciones a la Fiscalía y que dejará el Gobierno en 2026 "con las manos limpias".
Congresistas divididos
Como no podía ser de otra manera, esta polémica ha dividido al Congreso peruano: Perú libre, partido marxista en el que militó Boluarte, ha presentado al Congreso una moción de destitución, que hasta el momento ha recopilado las firmas de 26 de los 130 parlamentarios que representan al pueblo peruano. Sin embargo, las fuerzas conservadoras Fuerza Popular, Renovación Popular o Somos Perú se han posicionado a favor de Boluarte, definiendo el registro como un "mero espectáculo" o un "abuso de poder".
