El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha dictaminado que los llamados "aranceles del Día de la Liberación" impuestos por Donald Trump son ilegales, al considerar que el mandatario excedió su autoridad constitucional al imponerlos.
Los jueces consideran que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer tarifas sin una amenaza nacional inusual y extraordinaria, por lo que, la medida anunciada en el fallo, anula la aplicación de tarifas globales del 10% a una amplia gama de productos, incluidos bienes de consumo y manufacturas, impuestas por Trump al poco tiempo de volver a la presidencia.
La corte determinó que el uso de la IEEPA para justificar aranceles generales, como los del 25% a Canadá y México y del 20% a China, no se ajusta a la ley, ya que no existía una emergencia nacional que lo respaldara. Además, el tribunal ha subrayado que el poder para imponer tarifas corresponde al Congreso y no al Presidente, por lo que la delegación de esa autoridad sin una base legal adecuada es inconstitucional. Frente a la excusa de Trump sobre el uso del fentanilo, también ha sido desestimada porque los aranceles no corrigen ese problema. "El golpe judicial está fuera de control", ha criticado Stephen Miller, uno de los asesores más poderosos de la Casa Blanca.
Esta sentencia representa un revés significativo para la política comercial de Trump, que había utilizado los aranceles como herramienta central en su estrategia económica desde que ingresó a la Casa Blanca. La noticia ha disparado la bolsa, pero también ha generado la ira inmediata de la administración: "No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y la administración se compromete a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense", que ha reaccionado de esta manera en un comunicado.
Ante esta medida, el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado su intención de apelar la decisión, lo que supone llevar el caso ante la Corte Suprema.
