La Guardia Civil ve "obsceno" que Gordó y Viloca citaran a empresarios del 3% en Palau

Así se desprende de un informe de la Guardia Civil que figura en el sumario del caso del 3%, al que ha tenido acceso Efe, que sirvió de base para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga la supuesta financiación ilegal de CDC que pidiera, sin éxito, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que imputara al exconseller de Justicia, Germà Gordó, actual diputado de JxS en el Parlament.

A raíz de este informe, Anticorrupción llegó a la conclusión de que Gordó desempeñaba el papel de "conseguidor" o "recaudador" en la trama del 3%, supervisando la labor de Viloca, quien controlaba de forma "sistemática" las supuestas mordidas de los empresarios a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.

El juez del Vendrell remitió en enero pasado una exposición razonada al TSJC, que rechazó investigar a Gordó al no apreciar, por el momento, indicios claros de su relación con la supuesta trama.

En su informe, elaborado en abril de 2016, el instituto armado detalla las numerosas reuniones que Gordó y Viloca mantuvieron con directivos de empresas como Copisa, Rogasa y Oproler, que son investigados por pagar supuestamente mordidas a CDC.

"No es baladí para esta instrucción, más bien es el paradigma del tráfico de influencias, el hecho de que muchas de estas reuniones de los empresarios, tanto con el tesorero Viloca como con el diputado Gordó, se hayan producido en la misma sede de CDC de la calle Córsega, y de forma un tanto obscena en la propia sede del Palau de la Generalitat", advierten los autores del informe.

Tras analizar la documentación intervenida a los empresarios detenidos por su supuesta participación en la trama del 3%, la Guardia Civil concluye que en este caso se han juntado "todos los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad delictiva".

Según el informe, los implicados han desarrollado acciones dirigidas "a un solo fin", como es el de "subvertir el estado de derecho y, mediante un elevado abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una 'financiación ilegal' para el mismo".

Los investigadores consideran que en este caso coinciden una administración pública con capacidad de adjudicar obras públicas en distintas administraciones "bajo mandato de la misma fuerza política, en este caso CDC" y unos "empresarios dispuestos a efectuar pagos de comisiones para conseguir adjudicaciones de obras".

Gordó, según los investigadores, ejerce como un "'mediador' con una gran ascendencia dentro de la organización política y con alta capacidad de influencia, que 'apadrina' estas gestiones para llevar a término la materialización de la actividad criminal".

Por su parte, el tesorero, Andreu Viloca, lleva las cuentas y materializa "un seguimiento de las deudas pendientes con ocasión de las adjudicaciones dadas" y "por supuesto", recibe los pagos, según la Guardia Civil.

Como ejemplo de este supuesto tráfico de influencias, el informe del instituto armado detalla las "adjudicaciones fraudulentas" en el Consorci Educatiu y en el Port de Barcelona, mediante la "alteración de ambos concursos públicos, en conexión con las comisiones ilegales cobradas antes y después de la materialización del hecho, por parte del partido CDC", a través de donaciones a sus fundaciones afines.