El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, una reforma parcial del texto vigente, que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas.
Una reforma acotada, sólo un primer paso, para dar respuesta a los aspectos más urgentes y que tiene varios bloques:
- El primero, referido a las entidades de gestión de derechos de autor (por ejemplo, la SGAE o DAMA). Se crea un nuevo régimen con más garantías, transparencia y rendición de cuentas (por ejemplo, tendrán que hacer transparentes sus tarifas y facilitar auditorías). Se crea un mecanismo de ventanilla única: Los usuarios de estos derechos que tengan que tratar con varias entidades podrán dirigirse a una sola, "de carácter privado y que esté controlada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". Falta por ver quién la integra y de qué manera se negocia con ella.
- El segundo se perfila el concepto de copia privada. Queda reducido al uso privado y sin fin comercial de CD's, DVDs, grabaciones de radio y televisión. Se suprime definitivamente el canon digital, que encarecía los dispositivos electrónicos como los MP3. Ahora, lo que dejan de ingresar los creadores se compensará con una partida en los Presupuestos Generales del Estado.
- Y sobre todo, el tercero, la lucha contra la piratería, con más medios para combatir este abuso. Las infracciones más graves se podrán castigar con sanciones de 30 mil a 300 mil euros. Ya no sólo se persigue a los que alojen contenidos ilegales: también a las llamadas páginas de enlaces, dice el ministro José Ignacio Wert.
El ministro Wert plantea además que los editores de contenidos puedan cobrar una compensación equitativa a los llamados "agregadores", por ejemplo Google News, que citan contenidos protegidos. Después del visto bueno del Consejo de Ministros, el proyecto de ley ya va camino del Congreso para su tramitación parlamentaria.