La polémica sobre los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores ha dejado en el punto de mira al Ministerio de Igualdad. Mientras la ministra Ana Redondo defiende que el sistema funciona y descarta dimitir, víctimas, jueces, colegios profesionales y asociaciones han puesto sobre la mesa testimonios y evidencias que evidencian fallos y riesgos para la seguridad de las mujeres.
Redondo niega fallos graves y acusa al PP de usar el tema como "cortina de humo"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este que renunciar a su cargo "sería irresponsable" y defendió que las pulseras telemáticas han demostrado su eficacia: más de 4.000 mujeres protegidas y "ni una sola asesinada" con el dispositivo activo. Atribuyó la alarma generada a una estrategia política del Partido Popular, al que acusó de "verter bulos" y de utilizar este tema como "arma electoral" para tapar casos de corrupción. Redondo reconoció problemas técnicos derivados de la migración de datos entre empresas adjudicatarias del sistema Cometa, pero insistió en que se trató de incidencias puntuales que "no pusieron en riesgo" a las víctimas. También anunció que Igualdad prepara un nuevo contrato, con entrada en vigor en 2026, para mejorar la tecnología y la agilidad del sistema.
La Abogacía y los jueces alertan de riesgos El Consejo General de la Abogacía Española se mostró "preocupado" por las incidencias, advirtiendo de que pueden poner en peligro tanto la vida de las víctimas como la validez de los procesos judiciales, ya que los registros de quebrantamientos sirven como prueba clave. "No cabe un mínimo fallo en este asunto", subrayó Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres. También las audiencias provinciales llevan desde 2023 alertando de problemas técnicos y retrasos. Granada, Barcelona, Cáceres, Tarragona o Salamanca han documentado "disfunciones" que generan inseguridad en las víctimas, errores en la geolocalización, falsos positivos, dificultades en zonas rurales y manipulación de dispositivos por parte de los agresores. En algunos casos, mujeres incluso devolvieron la pulsera por sentirse desprotegidas.
Víctimas que relatan fallos
El testimonio de una mujer recogido por Onda Cero Granada en mayo evidenció la vulnerabilidad que generan los fallos. Denunció que su expareja, acusado de maltrato, conseguía desactivar la pulsera para entrar en su vivienda e incluso manipular electrodomésticos y bombonas de gas. La Fiscalía pide para él más de seis años de prisión.
Asociaciones reclaman transparencia y soluciones urgentes
La Fundación Mujeres ha exigido información "real y concreta" sobre el alcance de los fallos para no minar la confianza en un sistema imprescindible. A su juicio, ocultar incidencias genera más desprotección que reconocerlas. Reclama transparencia, reparación de los fallos y una evaluación sobre el impacto real en la vida de las víctimas. El Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ también confirmó que comunicó en enero y febrero varias incidencias al Ministerio de Igualdad, procedentes de audiencias de Granada y Galicia.
El asunto ha entrado de lleno en la confrontación partidista. El PP exige dimisiones y asegura que el Gobierno "es un chollo para los delincuentes", comparando el caso con la polémica de la ley del "solo sí es sí". El PSOE, en cambio, respalda a Redondo, defiende que "las pulseras funcionan" y acusa a la oposición de generar "miedo" en las víctimas para obtener rédito electoral.
