Unipost alega, tras registro por 1-O, que desconoce los documentos que envía
La empresa postal Unipost, cuyo director general fue detenido en una operación de la Guardia Civil para rastrear los gastos del referéndum del 1-O, ha alegado hoy que nunca ha financiado actuaciones fuera de su objeto social y que desconoce el contenido de los documentos que distribuye.
La Guardia Civil detuvo al director general de Unipost, Pau Raventós -que quedó en libertad por la tarde tras negarse a declarar en comandancia-, en una operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de su investigación para descubrir las cantidades de dinero público que el Govern destinó al referéndum, anulado por el Tribunal Constitucional.
La operación se llevó a cabo después de que el pasado 19 de septiembre la Guardia Civil intervino miles de sobres con las notificaciones que el gobierno catalán iba a enviar a los presidentes, vocales y suplentes seleccionados para conformar las mesas electorales del referéndum, que se encontraban en un almacén de Unipost en Terrassa (Barcelona).
En un comunicado, Unipost ha asegurado que colabora con las autoridades judiciales y de seguridad para aportar cualquier información o documentación requerida en los procesos judiciales y que confía en que se restablezca "en breve" el "diálogo constructivo" entre los responsables de las instituciones "para desarrollar conjuntamente el marco de convivencia que permita la mejora de la calidad de vida de las personas".
Según el comunicado, el Grupo Unipost no financia actuaciones fuera de su objeto social y se limita a transportar, clasificar y distribuir envíos postales y de paquetería "sin conocer el contenido de los escritos y documentos que gestiona, de acuerdo con la legislación vigente".
El Grupo Unipost gestiona envíos postales de más de 10.000 clientes públicos, estatales, autonómicos, provinciales y locales, y privados, como instituciones financieras, empresas de suministros, ONG's y empresas de consumo, que gestiona "con independencia de las afiliaciones, creencias e ideologías" de los responsables de cada uno de sus clientes, según la nota.
En este sentido, la empresa sostiene que la Ley Postal vigente establece en su artículo 5 el secreto de las comunicaciones, al detallar que "los operadores que presten servicios postales no facilitarán ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario ni a sus direcciones".
También el artículo 13, sobre el derecho a la propiedad de los envíos postales, remarca que éstos serán "de titularidad del remitente a efectos postales en tanto no lleguen a poder del destinatario, quien podrá, mediante el pago del precio correspondiente, recuperarlos o modificar su dirección".
El juez ha ordenado a la Guardia Civil seguir el rastro de los gastos en los que incurrió el gobierno catalán para la celebración del referéndum, tras constatar la "opacidad" y las "argucias" usadas por el Govern para cuantificar el dinero público destinado a la votación.