Según han explicado fuentes del Ministerio de Defensa, el fémur se ha exhumado este miércoles de un cementerio turco adonde, al parecer, fueron trasladados desde otro localizado en la localidad de Maçka.
Fue en este último camposanto en el que, según confirmó Turquía, fueron enterrados en julio de 2003 (el accidente ocurrió en mayo de ese año) y desenterrados años después.
Este miércoles las autoridades judiciales turcas han llevado a cabo la exhumación del fémur en la localidad de Macka-Trabzon (cerca de donde se estrelló el avión) y en presencia del cónsul de España en Ankara. Está previsto que estos restos sean remitidos al Instituto Anatómico Forense de Estambul.
Además de ese resto humano, que Turquía atribuye al Yak-42, también se entregarán a las autoridades españolas 23 frascos con más restos humanos que en su momento sirvieron para identificar el ADN guardados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul.
El Gobierno español ha acordado con las autoridades turcas que en el más breve plazo posible se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas, con el fin de su repatriación a España.
Una vez el cónsul reciba tanto ese hueso como los frascos, será el agregado de Defensa en la embajada quien los trasladará a España en una valija custodiada, con el fin de que no se rompa la cadena de custodia para cuando lleguen al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional de la magistrada María Tardón.
Cuando lleguen a España, será esta juez la que decidirá qué tipo de análisis forense se practicará a los restos para identificarlos, para lo que se cuenta con muestras de los fallecidos guardadas en el Instituto Anatómico Forense de Madrid.
El traslado de los restos se produce gracias a un proceso de cooperación judicial con Turquía abierto por la Audiencia Nacional a mediados de 2018 a instancias de Defensa, ante el hallazgo del fémur que podría corresponder a uno de los fallecidos.
Los militares accidentados, la mayoría de los cuales pertenecían a la Base Aérea de Zaragoza, regresaban de una misión de paz en Afganistán a España cuando el avión se estrelló. El suceso costó la vida de todos ellos junto con la tripulación ucraniana.
La del Yak-42 es la mayor tragedia aérea del Ejército español y derivó en un cúmulo de errores en las identificaciones de las víctimas.
En enero de 2017 el informe del Consejo de Estado, asumido por el Gobierno, dio la razón a las familias que defendían que la tragedia era evitable y que el avión nunca debió volar y advirtió de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas a misiones internacionales.