El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, deberá investigar la denuncia presentada por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa y los vínculos empresariales de su esposa, Begoña Gómez.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado firme la sentencia dictada en junio pasado, al haber transcurrido el plazo de 30 días para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo sin que constara actuación alguna.
En aquella resolución, los magistrados ya determinaron que la Oficina de Conflicto de Intereses debía tramitar la denuncia del PP con una actividad de investigación mínima, resolviendo después de forma motivada, ya sea mediante archivo o mediante otras medidas. El tribunal subrayó, además, que el PP estaba legitimado para presentar la denuncia e impugnar el archivo, dado que la Oficina no realizó esa actividad investigadora previa antes de rechazar el caso.
Tras conocerse la ratificación del TSJM, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de falta de transparencia: “Sánchez ha convertido Moncloa en un coworking. Su mujer, Begoña Gómez, tenía con Air Europa unas relaciones empresariales. Y ahora hemos visto indicios de que pudo haber habido favoritismo en el rescate. El Gobierno no quería investigarlo, pero es el Tribunal Superior de Justicia quien dice ahora que sí hay que hacerlo”, afirmó.
Los populares esperan que la Oficina de Conflicto de Intereses, dirigida por el ministro Óscar López, cumpla con lo ordenado por los jueces tras haber archivado en primera instancia la denuncia.
El rescate de Air Europa durante la pandemia, con una inyección pública de 475 millones de euros, ha sido objeto de polémica desde su aprobación en 2020. El PP sostiene que pudieron darse conflictos de interés por los supuestos vínculos profesionales de Begoña Gómez con la aerolínea. Aunque la decisión judicial no prejuzga responsabilidades penales, sí obliga al Ejecutivo a activar un procedimiento formal de investigación y a pronunciarse de manera motivada sobre las pruebas solicitadas.
