La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, avala la constitucionalidad de casi todos los preceptos impugnados del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
La vicepresidenta, Adela Asua, y el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré han formulado un voto particular.
